«Más que ultraliberal. Ultrainfantil. Rozando en la irresponsabilidad». La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no se ha ahorrado epítetos para calificar la posición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox de rechazar el impuesto digital. Durante la defensa del tributo en el Congreso de los Diputados, la funcionaria dijo que este arancel permitirá contar con recursos suficientes para «sostener el estado del bienestar».
Se trata del más reciente capítulo en la larga diatriba que ha suscitado el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD). Pese a todo esto, el Congreso de los Diputados votó este jueves para comenzar a redactar la ley. El instrumento permitirá aplicar un tributo del 3% sobre los ingresos de los gigantes de Internet. La medida ha estimulado una investigación de Estados Unidos.
El impuesto digital pechará los ingresos reservados localmente por empresas tecnológicas como Facebook, Google de Alphabet Inc, Apple y Amazon. Generaría alrededor de 1.000 millones de euros anuales al Estado.
El Pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, VOX y Ciudadanos, con los votos en contra de la casi totalidad del resto de los grupos parlamentarios.
Quienes se oponen al proyecto afirman que generará desinversión, mayores costes para los usuarios y perniciosos efectos para la estabilidad económica y social de España.
Rechazo a la propuesta
El diputado Javier Baas, del PP, acusó al gobierno de Sánchez de imponer “por la vía unilateral” el nuevo impuesto digital, “para saciar el afán recaudatorio innato en la izquierda”.
“Sectores de nuestra economía que están siendo duramente castigados, como el campo o la automoción, verán amenazadas sus exportaciones si prospera esta vía unilateral. Y este hecho, además, se agrava con un contexto de crisis de por sí complicadísimo”, dijo.
Recordó el caso de Francia, que intentó también poner en marcha este impuesto de forma unilateral y se vio después obligado a posponer la aplicación. “Las exportaciones se iban a ver seriamente perjudicadas”, recordó.
Por su parte, el portavoz adjunto de VOX en la Comisión de Hacienda, Rodrigo Jiménez, dijo que el tributo no puede ser calificado como un impuesto indirecto: «Se trata en realidad de un impuesto directo. Su puesta en vigor supondrá un claro caso de «doble imposición», que erosiona la competitividad empresarial».
Alertó que la subida impositiva del Gobierno tiene el objetivo de mantener la agenda ideológica de PSOE y Podemos y alimentar el gigantesco tamaño del Ejecutivo.
Un tributo indirecto
El Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales establece un tributo indirecto, con un tipo del 3% aplicable sobre ingresos brutos, que se devenga en cada transacción sujeta y no exenta, y que se liquida trimestralmente.
Hay tres supuestos de servicios digitales sometidos al impuesto. En todos ha de haber una participación de usuarios situados en España, que contribuyan esencialmente al proceso de creación de valor de la empresa. Los tres supuestos son transmisión de datos, publicidad en línea y servicios de intermediación en línea. La propuesta española es unilateral, aunque está alineada con el diseño procedente de Europa.
Los umbrales a partir de los cuales los grupos quedarían sometidos al impuesto digital son 750 millones de euros de facturación mundial a nivel de grupo y 3 millones de euros de servicios digitales sujetos al impuesto en España.
Una de las medidas que ha resultado más polémica del anteproyecto es que no se han excluido las transacciones vinculadas de su ámbito de aplicación. Por esta razón, se puede devengar el impuesto en transacciones en cadena dentro de grupos multinacionales.
Investigación de Estados Unidos
El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que su oficina estaba iniciando una investigación de la «Sección 301» sobre los impuestos a los servicios digitales que han sido adoptados o que están siendo considerados por España y otros socios comerciales de Estados Unidos.
«Estamos preparados para tomar todas las medidas apropiadas para defender nuestras empresas y trabajadores de cualquier discriminación», afirmó.
La defensa de Montero
Por su parte, la ministra Montero defendió la aplicación del impuesto digital. Afirmó que su puesta en vigor ayudará a avanzar en la búsqueda de una «fiscalidad del siglo XXI». Argumentó que las figuras tributarias actuales no son adecuadas para gravar los negocios digitales, capaces de funcionar sin presencia física o de crear valor con la contribución de los usuarios finales.
Aseguró que se trata de una fiscalidad digital para una economía digital, que no haga que los negocios tradicionales sean menos competitivos que los tecnológicos.
Aseguró que el rechazo al impuesto digital por parte del PP, Ciudadanos y Vox «es pura fachada» dado que estos partidos «no han dejado de reclamar mayor gasto público» durante la pandemia. «Tenemos que dejar una irresponsable actitud deslegitimadora del sistema tributario», agregó.
Próximos pasos
El impuesto digital entraría en vigencia solo si los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo llegan a un acuerdo para lanzar un tributo conjunto. El esfuerzo busca tener mejor en cuenta el aumento de las grandes empresas tecnológicas que a menudo registran ganancias en países con bajos impuestos.
«Es una decisión transitoria y provisional hasta que se apruebe un reglamento a nivel internacional o al menos europeo», dijo Montero.
Francia se encuentra entre los países de la Unión Europea que ya han aprobado un impuesto digital que planea aplicar este año. Lo hará independientemente de si se progresa hacia un acuerdo en toda la OCDE.
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