Nuestra salud en total desamparo frente al 5G que promueven las empresas de telecomunicaciones. Lamentablemente, con la total obsecuencia de nuestros gobernantes para la instalación de millones de celdas pequeñas, cuyas radiaciones no ionizantes emitidas tan cerca de nosotros nos exponen a un riesgo demasiado alto para ignorarlo
Marisa García Mareco /bonaona@bonaona.org
No es una exageración cuando digo total desamparo. Cada párrafo que sigue lo verifica, al igual que la cantidad de denuncias que se publican desde hace un año en varios medios impresos. Y nos afianza mucho más en la preocupación por tanta negligencia hacia nuestra salud y la del medioambiente. Alarma que el despliegue del 5G suceda durante la crisis sanitaria que, en 2020, emerge abruptamente con los problemas producidos por el SARS-CoV-2
¿Debería sorprenderme (o tal vez, preocuparme) tanto interés de la mayoría de los gobiernos a lo largo de este año en proteger la salud de la ciudadanía? Dado que en aras de conseguirlo, decretan confinamientos que nos precipitan a una desesperante precariedad laboral y económica, y por otro lado, contradictoriamente, nos dejan en desprotección absoluta frente a los peligros de la electropolución que nos infligirá el despliegue del 5G. Ha sucedido con las generaciones tecnológicas previas (2G, 3G, 4G) y cabe esperar que sea mucho más grave, se les suma la nueva red de millones de celdas pequeñas.
Pese a los antecedentes, ni las empresas promotoras ni los gobiernos invierten en analizar el impacto (en la salud humana y en el resto de los organismos vivos) de la radiación de las estaciones base de corto alcance –pero de alta densidad espacial– llamadas pequeñas celdas o “small cells”.
Por tanto, cometen omisión de responsabilidades. Hasta eluden aplicar el imprescindible principio de precaución en estos casos de riesgo de contaminación electromagnética que pueden aumentar las enfermedades medioambientales. Hasta la fecha, un millón y medio de personas han contraído en España la enfermedad por sobrecarga de polución electromagnética. Sin embargo, los responsables de la sanidad pública y las empresas implicadas miran hacia el otro lado. Tal vez, atraídos por sustanciosas ventajas económicas y de poder. Lo típico en nuestra historia.
¿Por qué no se monitorea la evidencia epidemiológica en los hospitales?
La pregunta surge como un eco a los cuestionamientos que todos nos hacemos, como ¿por qué no se les han hecho autopsias a los fallecidos por la COVID-19? Que nadie responde. La evidencia epidemiológica so se registra cada vez que se presenta un paciente al médico y se le detecta un tumor cerebral o un cuadro de sensibilización central. Por ejemplo, solo unos pocos médicos recogen en la anamnesis, el historial clínico, la investigación acerca del tiempo que pasa el enfermo utilizando el móvil o los dispositivos inalámbricos o si tiene alguna fuente de radiaciones cercana, como una antena de telefonía móvil. Las radiofrecuencias como factor epidemiológico se ignoran completamente. No se recogen en las políticas públicas del cuidado de la salud.
Otro intrigante problema. También se ocultan las fuentes de radiaciones. En consecuencia, aunque se quisiera no sería posible realizar un estudio epidemiológico de la incidencia de cáncer en personas que vivan en edificios cuyos sótanos funcionen estaciones repetidoras de electricidad. Esta información se cataloga como secreta y lo mismo sucede con las estaciones base de 5G.
Se nos niega un estudio epidemiológico que deberían realizar los ministerios pertinentes sobre la incidencia de problemas de salud relacionados con la localización de las antenas de telecomunicaciones.
Incoherencias y privilegios empresariales
Estamos ante otro predominio de los derechos de las empresas operadoras por encima de los derechos de la ciudadanía a la salud, a la ecología social. Para comprobarlo, echemos un vistazo al anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, cuyo periodo de presentar alegaciones, cerró el 13 de octubre pasado. Con esa ley se pretende que las operadoras puedan desplegar, sin necesidad de permiso, las instalaciones urbanas de millones de pequeñas celdas a lo largo y ancho del territorio español.
Peor aún, ni siquiera habrá donde consultar su ubicación, se considera innecesario con el pretexto de su baja potencia. Algo inadmisible. Se está ignorando el efecto de sobrecarga por la interacción de tantas fuentes de emisión. Máxime, cuando estas fuentes de radiaciones artificiales son millones de veces superiores a las radiaciones ambientales. No debemos tomarlas a la ligera, si no queremos caer en negligencia.
Alarmantes incoherencias se evidencian en el compromiso de alcanzar los niveles medioambientales propuestos para 2025. Mientras, con mucho desparpajo, vamos hacia un evitable desastre ecológico. Es lo que están produciendo los lanzamientos de miles de satélites para conectarlos con las macro celdas, las que a su vez emitirán radiaciones a millones de pequeñas celdas. Son incoherencias que se suman a la dependencia del extractivismo, de minerales raros, a la pérdida masiva de empleo causada por la sustitución de la mano de obra por los roBots de Inteligencia artificial, vehículos sin conductores, cosechadoras teledirigidas, etc.
La peor incoherencia es que se ha lanzado el proyecto del 5G cuando el 4G cubre de sobra los mismos servicios. Una estrategia para que nuestras agobiadas arcas públicas sufran un derrame innecesario a las arcas de los dueños de grandes empresas privadas.
Agotamiento de las redes eléctricas
A medida que los datos de miles de millones de dispositivos ‘inteligentes’ conectados a Internet crecen exponencialmente, la industria de la tecnología de la información podría consumir el 20% de toda la electricidad del mundo para 2025. El objetivo sería alimentar una demanda incesante de personas enganchadas al entretenimiento de la pantalla del teléfono.
El Internet de las Cosas promete darnos más. ¿Pero más de qué? Nos dicen que mayores beneficios, pero olvidaron decir que serán para los bolsillos de unos pocos en detrimento de todos. ¿Os suena? Realmente ya toca darse cuenta para qué o para quiénes es el supuesto bienestar.
En resumen, agotaremos recursos energéticos, se contaminará mucho más, se modificará la bóveda celeste, se saturará el espacio urbano con las pequeñas celdas radiando continuamente, se enfermarán más personas por electropolución, se aparcará el objetivo de frenar la contaminación. ¿Qué justifica todos esos despropósitos de mayor velocidad de electropolución, mayor riesgo para la salud, mayor pérdida de privacidad, mayor pérdida de soberanía, mayor desastre ecológico, mayor derroche?
Además, si el 4G cubre de sobra los servicios del 5G, ¿por qué esos gastos multimillonarios? Se pone en evidencia quiénes cortan el bacalao. Es que “huele a podrido en Dinamarca” y en todo el mundo. Atravesamos una circunstancia de emergencia con la pandemia y resulta arduo de entender que nuestros gobiernos decidan invertir en las innecesarias instalaciones del 5G y no en la modernización y eficacia del sistema sanitario.
Mayor pérdida de empleo
Nos quieren hacer creer que generarán empleos con esas inversiones, pero será todo lo contrario. Por la Bot –roBotización, el IoT, el Internet de las cosas– muchas funciones del hogar serán controladas online. Repito: los empleados de las empresas de servicios y de muchas otras empresas serán sustituidos en gran número por roBots, así como los empleados de la banca han sido sustituidos por cajeros automáticos, servicios telemáticos, sistemas rápidos de transferencia, etc. Todo esto genera en la población un gran distrés que baja las defensas.
La tierra prometida de la Europa del bienestar
En el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones pretenden convencernos que es por nuestro bienestar la instalación en los postes de las farolas o el mobiliario urbano de los emisores de 5G. Me recuerda la tan cacareada “Europa del Euro” que hacia el año 2000 nos vendieron como la Europa del Bienestar y que nos llevó a una inflación encubierta, a una era de despropósitos como el paro, la precariedad laboral, la exclusión social de tantas personas, siempre recortando presupuestos para alcanzar los requerimientos de pertenecer a una Europa abocada hacia un capitalismo desenfrenado, casi salvaje.
Fue un sin parar de un gobierno tras otro, que se fue reduciendo la calidad de servicios esenciales como la educación y sanidad que tanto echamos en falta ahora cuando por la COVID-19 más los necesitamos.
Eso sí, aumentaron los gastos militares para implicarnos en guerras vergonzantes. La Europa del Capital la denominaban algunas personas sabias, con toda la razón, porque redujo los derechos laborales, medioambientales, sociales para favorecer a las mega empresas. También la especulación financiera, los rescates de bancos, las políticas agrarias comunitarias para los grandes empresarios, nunca para los comunes, porque las multinacionales deciden y nuestros gobiernos acatan. Se someten a las directrices de las grandes empresas, incluidas las grandes farmacéuticas. Lamento, una vez más, que se repita este mismo esquema de sometimiento con el 5G. Algo que debería preocupar a toda la ciudadanía.
Os animamos a formar parte de la primera asociación legalmente reconocida para la protección de los derechos de los consumidores de la tecnología y de las radiaciones no ionizantes en las Islas Baleares. Ponte en contacto con nosotros y te informamos como colaborar para detener tanta insensatez.
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