La infame red de centros de detención y trabajo forzado de China en la remota región noroeste de Xinjiang es mucho más grande de lo que se pensaba anteriormente. Además, el gobierno ha ampliado esas instalaciones, revelan nuevas imágenes de satélite. Estos hechos ocurren mientras las autoridades de Pekín aseguran que ya casi termina un programa de «reeducación» para la etnia uigur que fue condenado internacionalmente. La preocupante situación la revela en una nueva investigación de expertos.
El Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) dijo que había identificado más de 380 «presuntos centros de detención» en la región. La zona es del tamaño de Alaska y alberga a unos 10 millones de uigures de habla turca. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de un millón de uigures y otros residentes de habla turca, en su mayoría musulmanes, han estado detenidos en los últimos años en esos centros.
En total, ASPI identificó 380 instalaciones de detención sospechosas construidas desde 2017. Al menos 61 instalaciones de detención -tipo Gulag- mostraron signos de nueva construcción entre julio de 2019 y julio de 2020. Unos 14 todavía estaban en construcción este año, después de que las autoridades de Xinjiang dijeron que todos los detenidos se habían «graduado». Solo ocho campamentos muestran signos de desmantelamiento.
Mayor represión
Aproximadamente la mitad de los campamentos recientemente ampliados tenían mayores características de seguridad. Ello sugiere un cambio hacia instalaciones más tipo prisión desde “centros de reeducación” de menor seguridad. Un campamento de 100.000 metros cuadrados opera desde enero en Kashgar, cerca de la frontera con Kirguistán. Está compuesto por 13 edificios residenciales de 5 pisos, rodeados por un muro de 14 metros de altura.
El Partido Comunista Chino sostiene que los «centros de reeducación» para la minoría musulmana uigur son necesarios para acabar con el terrorismo y proporcionar educación vocacional en la región. El número de instalaciones es alrededor de un 40% superior a las estimaciones anteriores.
«Los hallazgos de esta investigación contradicen las afirmaciones de los funcionarios chinos de que todos los» aprendices «de los llamados centros de formación de habilidades profesionales se habían» graduado «a fines de 2019», escribió el investigador principal Nathan Ruser.
«En cambio, la evidencia disponible sugiere que muchos detenidos extrajudiciales ahora están siendo acusados formalmente y encerrados en instalaciones de mayor seguridad».
Crecen la tensiones entre Canberra y Pekín
El Instituto Australiano de Política Estratégica ha estado rastreando la red de campamentos durante más de dos años. La publicación del informe se produce en medio de crecientes tensiones en la relación entre Australia y su mayor socio comercial. Canberra insiste en que no se detendrá en expresar sus valores incluso ante la presión económica.
La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Marise Payne, criticó al gobierno chino por aplicar «medidas represivas» contra las minorías en la provincia de Xinjiang. Durante un discurso ante el consejo de derechos humanos de la ONU, la semana pasada, la funcionaria dijo que su gobierno ha sido «claro y coherente al plantear preocupaciones sobre derechos humanos». Aún «queda mucho por hacer» para dar respuesta a «los informes de medidas represivas aplicadas contra los uigures y otras minorías étnicas en Xinjiang», señaló.
El miércoles, Pekín prohibió a dos académicos australianos la entrada a China. El periódico estatal Global Times informó que a Clive Hamilton y Alex Joske se les negaría la entrada con base en la Ley de Entrada y Salida de la República Popular de China.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, reiteró en una rueda de prensa que la decisión de prohibir a los dos hombres estaba enteramente dentro de los poderes soberanos de China. La medida se aplica después de que Australia cancelara las visas de los académicos chinos Chen Hong y Li Jianjun, en relación con una investigación conjunta de la Policía Federal y la Agencia de Inteligencia de Seguridad de Australia sobre interferencia extranjera.
Aumenta la preocupación mundial
El trato a los uigures ha sido condenado por los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Una declaración del Consejo de Derechos Humanos en julio para destacó «la preocupación por la detención arbitraria, la vigilancia generalizada y las restricciones, especialmente contra los uigures y otras minorías en Xinjiang».
«La afirmación de que China está persiguiendo a los musulmanes uigures en Xinjiang es una propuesta falsa», declaró el 9 de septiembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.
Los países también han pedido que se permita el acceso a la región a observadores independientes de la ONU. En julio, Hua invitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a ver las instalaciones.
Washington también afirma que un millón de uigures han sido llevados a estos campos de concentración en Xinjiang. Allí se les somete a esterilización forzada, extracción de órganos, entre otros vejámenes. Curiosamente, en esa región Disney filmó su última producción: Mulán.
El Gobierno de los Estados Unidos está considerando el lenguaje que usará para describir lo que está sucediendo en la región occidental de Xinjiang en China, dijo este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.
Red de esclavitud
La detención de los uigures también forma parte del esfuerzo del Gobierno chino de consolidar el poder mediante la uniformidad cultural forzosa. Debido a su religión y etnia turca, los uigures han sido tradicionalmente el blanco de la islamofobia y el racismo en China. En 2014, en el marco de la denominada «guerra popular contra el terror», las autoridades clasificaron a los uigures como una amenaza para el Partido Comunista.
De esta manera, las autoridades justificaron la represión extrema y la violación sistemática de los derechos humanos de estos ciudadanos. Pero la persecución de los uigures es incluso anterior a la represión del PCC sobre los grupos minoritarios.
El Estado también emplea progresivamente tecnología de vigilancia invasiva para monitorear a los uigures. Los códigos QR pegados en las puertas de los hogares uigures brindan información policial sobre sus habitantes. Las cámaras de reconocimiento facial registran el movimiento. La ONU ha calificado la región de «zona sin derechos».
El año pasado, el ASPI también acusó al Gobierno de China de transferir a más de 80.000 personas de la etnia uigur de los campos de internamiento a unas 30 fábricas. Allí laboran en condiciones que sugieren abiertamente trabajo forzado. Estas fábricas forman parte de las cadenas de suministro de cerca de 83 marcas bien conocidas en los sectores de tecnología, vestimenta y automotriz.
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