Human Rights Watch denunció que las multas por la tala ilegal en la Amazonia brasileña se suspendieron desde octubre de 2019 por la puesta en marcha de un decreto del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
El decreto emitido por Bolsonaro en abril de 2019 estableció otros procedimientos para los infractores de la ley medioambiental. Las multas ambientales se deben revisar en audiencias de conciliación, en las que una comisión puede ofrecer descuentos o eliminar la multa.
A @hrw_brasil revelou que multas por desmatamento ilegal na Amazônia estão, na prática, paradas desde outubro. O Ministério do Meio Ambiente contestou a nossa nota, mesmo estando baseada em dados do próprio Ministério. Os documentos que mostram 👇🏽https://t.co/PPstug38Gx pic.twitter.com/nihthtZOFb
— HRW Brasil (@hrw_brasil) May 22, 2020
Contra el ambiente
Antes de que el decreto del presidente Bolsonaro entrara en vigor, los inspectores de Ibama (Instituto Brasileño de Medioambiente y de los Recursos Naturales y Renovables) emitían las multas en el campo para el pago inmediato.
María Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil, señala que los agentes ambientales ponen todo su empeño en hacer cumplir el Estado de Derecho y las leyes medioambientales, pero que sus esfuerzos se ven obstaculizados por las políticas de Jair Bolsonaro.
Los agentes federales en cumplimiento de la ley han emitido miles de multas por la tala ilegal y diversas infracciones medioambientales en la Amazonia y otras partes de Brasil.
Como resultado del decreto de abril, desde octubre de 2019 hasta abril de 2020 solo se han impuesto sanciones a cinco casos. Entre 2012 y 2018 el Ibama aplicó un promedio de 16.000 multas por año. El valor total de las multas iban desde los 3.000 millones a los 4.000 millones de reales.
Crímenes medioambientales
Mientras los perpetradores de crímenes ambientales no pagan por destruir la Amazonía brasileña, el INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) muestra un aumento del 53% del área deforestada en la selva tropical húmeda entre octubre de 2019 y abril de 2020.
Los nuevos procedimientos gubernamentales establecen que cuando se emite una multa se deben presentar en audiencias de conciliación para hacerlas más eficientes. Sin embargo, el cambio paraliza la capacidad ya limitada de Ibama «para sancionar y disuadir los delitos ambientales al retrasar aún más los procedimientos».
Los funcionarios de Ibama están emitiendo las multas por deforestación, minería ilegal y otros delitos. Pero lo que se les entrega a los infractores es una citación a una audiencia que jamás sucederá.
Además, mientras los infractores esperan las audiencias no tienen la obligación de pagar la multa. Las audiencias pueden garantizar descuentos de hasta un 60% o declarar nulo y sin efecto el aviso de infracción.
Leyes medioambientales debilitadas
La ONG señala que las audiencias de conciliación son una de las estrategias que más «han debilitado la capacidad de Brasil para hacer cumplir su leyes ambientales». También advierte sobre dos proyectos de ley que atentarían aún más contra los bosques y territorios protegidos. El primero otorgaría una amnistía a los infractores que ocupen el bosque ilegalmente para la ganadería y la agricultura; el segundo, abriría territorios indígenas a la explotación comercial.
La ONG, además, denunció que el ministro de Ambiente, Ricardo Salles, despidió al director de protección ambiental de Ibama y a dos empleados que ocupaban puestos claves en la coordinación de operaciones de inspección del instituto. Los tres fueron reemplazados por la policía militar y un servidor de Ibama.
De acuerdo con Human Rights Watch las medidas «antiambientales» han empoderado a las redes criminales dedicadas a la deforestación. Además, de que entran en conflicto con las obligaciones en materia de derechos humanos de Brasil y la propia Constitución.
Por último, los agentes medioambientales se sienten amenazados tanto por la red de criminales como por el Gobierno. Temen perder su trabajo si lo hacen bien.
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