Desde hace varios años, algunos gobiernos extranjeros, voceros de ONG y las agencias de noticias critican constantemente la desprotección y violación de los derechos humanos en China. Alegan múltiples limitaciones de los derechos civiles como el encarcelamiento sin juicio, confesiones forzadas, tortura, extirpación forzada de órganos y el uso excesivo y abusivo de la pena capital. Esta vez, Human Rights Watch alerta que los derechos humanos viven su periodo más oscuro desde la brutal y sanguinaria represión del movimiento pro democracia de Tiananmen en 1989.
El informe anual de HRW destaca que en los últimos años el Gobierno detuvo un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en la región china de Xinjiang. Mientras, prosigue el ataque a las libertades en Hong Kong y la represión en el Tíbet y Mongolia Interior.
El informe también destaca los intentos de China por presionar a los países que denuncian sus prácticas, como Australia, que sufrió sanciones económicas de Pekín en represalia por su apoyo a una investigación sobre origen de la COVID-19.
La represión ha generado muchas reacciones importantes
Entre todo esto, la «buena noticia» es que ha habido una reacción sin precedentes contra esa represión. Gracias al surgimiento de coaliciones de gobiernos para criticar a China. Como ejemplo podemos citar la condena a la represión de Xinjiang que 39 países, liderados por Alemania, expresaron en la última Asamblea General de la ONU. Y el descenso en el número de países que apoyaron a China en la votación por un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la organización.
Para HRW estas son buenas noticias. Al Gobierno chino le preocupa reputación internacional. Es la forma de cambiar una China grande y poderosa que necesita una buena imagen, pero la está perdiendo por la represión.
Violación de derechos humanos en China
La constitución de la República Popular China establece que los derechos fundamentales de los ciudadanos incluyen libertad de expresión, libertad de imprenta, el derecho a un juicio justo, libertad de culto, sufragio universal y derecho de propiedad. Sin embargo, en la práctica estos decretos no brindan una protección significativa contra la persecución por parte del Estado.
La censura de los discursos políticos y de la información, más notablemente en Internet, se utiliza de manera abierta y rutinaria para callar las críticas al Gobierno y al mandato dictatorial del Partido Comunista. En 2013, Reporteros sin Fronteras situó a China en el puesto 173 de 179 países en su índice anual de libertad de prensa.
Otra de las denuncias más constantes es que a los campesinos que migran a las ciudades, el registro hukou, que controla el acceso a los beneficios del Estado, los trata como ciudadanos de segunda. A menudo los derechos de propiedad son escasamente protegidos, y los impuestos desproporcionados afectan más a los más pobres. No obstante, desde principios de los años 2000 se abolieron o redujeron varios impuestos agropecuarios. También se incrementó el número de servicios sociales para los residentes de zonas rurales.
El caso de la periodista Zhang Zhan
Zhang Zhan es la víctima más reciente de la persecución constante contra periodistas y activistas que informan sobre la COVID-19 en China. Zhan fue condenada cuatro años de cárcel por informar sobre el estallido del brote en la ciudad de Wuhan. Se le acusa de “provocar altercados y crear problemas”.
La periodista fue detenida en mayo de 2020, después de haber viajado a Wuhan en febrero. Desde ese momento se declaró en huelga de hambre y los funcionarios la alimentan a la fuerza. Su salud se deteriora, dijo su abogado. La Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos exigen su liberación inmediata.
Respuesta del Gobierno ante las críticas
El Gobierno encabezado por Xi Jinping desde 2013, suprime las manifestaciones de organizaciones que considera una «amenaza potencial para la estabilidad social», como fue el caso de las protestas y la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989.
Regularmente, el Estado chino reprime a gran escala y viola los derechos humanos de ciudadanos uigures, de tibetanos, de practicantes de la disciplina espiritual de meditación Falun Gong o de los cristianos en clandestinidad, incluidas campañas de políticas violentas, traslados forzosos y restricciones a la libertad religiosa.
A las críticas internacionales, el Gobierno respondió que la noción de los derechos humanos debe tomar en cuenta el nivel de desarrollo económico y el «derecho del pueblo a la subsistencia y al desarrollo». También enfatiza el aumento en la calidad de vida de la población, la tasa de alfabetización y la esperanza de vida desde los años setenta, así como las mejoras en la seguridad laboral y los esfuerzos por combatir los desastres naturales como las inundaciones del Yangtsé.
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