Human Rights Watch (HRW) desvela que las fuerzas de seguridad de Egipto han cometido ejecuciones extrajudiciales contra decenas de personas bajo el supuesto de ser «terroristas», sin que las víctimas representaran algún peligro inminente. La ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos denuncia que la policía y los servicios de inteligencia, perpetraron los asesinatos y presentaron los hechos como enfrentamientos armados.
HRW recoge testimonios y pruebas que indican que esos supuestos hombres armados muertos en los presuntos tiroteos no representaban un peligro inminente cuando los abatieron. Ni para las fuerzas de seguridad ni para otras personas Y, en muchos casos, estaban bajo custodia.
“Las fuerzas de seguridad egipcias han perpetrado durante años ejecuciones extrajudiciales. Las han presentado como que habían muerto en tiroteos”, señaló Joe Stork, subdirector de Medio Oriente de HRW. “Es hora de que los países que proporcionan armas y asistencia en materia de seguridad a Egipto le pongan fin y se distancien de los atroces abusos de Egipto”, agregó.
La organización recuerda que el Ministerio de Interior informó entre enero de 2015 y diciembre de 2020 de las muertes de unas 755 personas en 143 supuestos tiroteos. Solo un sospechoso fue detenido. Casi todas las declaraciones afirmaban que los presuntos militantes abrieron fuego primero y las fuerzas de seguridad habían respondido el fuego, relata la ONG.
Las autoridades indicaron que todos los muertos eran buscados por “terrorismo” y que la mayoría pertenecía a los Hermanos Musulmanes. El grupo se ha enfrentado a la represión más dura de la disidencia en el país desde el golpe militar de julio de 2013 dirigido por el ahora presidente Abdel Fattah al-Sisi.
HRW revela datos sobre ejecuciones en Egipto
HRW examinó los casos de 14 personas que se encontraban entre los 75 hombres asesinados en 9 de esos incidentes en el territorio continental de Egipto. La ONG entrevistó a 13 familiares y conocidos de los hombres, así como a varios abogados y activistas de derechos humanos egipcios y a un periodista que documentó las ejecuciones extrajudiciales.
Precisa el informe que «los familiares y conocidos de los 14 hombres dijeron que las víctimas estuvieron detenidas, muy probablemente por la Agencia de Seguridad Nacional, y que estaban bajo custodia hasta que se informó de su muerte. Ocho de las familias dijeron haber sido testigos de su detención. Trece señalaron que sus familiares los desaparecieron por la fuerza. Los miembros de ocho familias observaron lo que creían que eran signos de abuso en los cuerpos de sus familiares asesinados, incluyendo quemaduras, cortes, huesos rotos o dientes dislocados».
Informa la organización que siempre que fue posible, revisó copias de documentos oficiales, como certificados de defunción y telegramas que las familias habían enviado a las autoridades.
Las familias aseguraron que se enteraron de la muerte de su familiar a través de los medios de comunicación. Todas menos una, dijeron que tuvieron que buscar activamente información sobre la muerte y la ubicación del cuerpo. La familia de un hombre no pudo recoger su cuerpo hasta dos meses después. Y los parientes de otros dos asesinados en diciembre de 2018 aún no han podido recuperar los cuerpos.
Todos los testimonios afirmaron que los agentes de seguridad nacional los intimidaron y acosaron cuando intentaron localizar el cadáver. Y siete dijeron que las fuerzas de seguridad les obligaron a enterrar a sus familiares sin ningún tipo de funeral o servicio.
Sin respuestas
HRW revisó y contrató un análisis forense independiente para contrastar la versión oficial del gobierno de Egipto. Se realizaron estudios de fotografías y vídeos no oficiales que mostraban los cuerpos de cinco de los asesinados. Y de decenas de fotografías que el Ministerio del Interior publicó en dos de los supuestos tiroteos. En tres casos, el análisis es inconsistente con la narrativa del tiroteo. Las fotografías muestran que las manos de los tres cadáveres parecen haber sido inmovilizadas o esposadas a la espalda inmediatamente antes de morir.
En un incidente, un periódico progobierno informó de la detención de un estudiante de 19 años y su posterior interrogatorio. Una semana antes de que el Ministerio del Interior afirmara que sus fuerzas lo habían matado en un “tiroteo”.
Human Rights Watch envió dos cartas a las autoridades, en abril y mayo de 2021, con preguntas detalladas sobre los supuestos tiroteos, pero no recibió respuesta. Casi todas las declaraciones del Ministerio del Interior sobre los tiroteos mencionaban que “la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado está investigando el incidente”. Sin más explicaciones, refiriéndose, dice la ONG, a un departamento abusivo de la fiscalía que respalda las acusaciones, a menudo sin fundamento, de las autoridades de seguridad.
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