Human Rights Watch (HRW) apunta en su informe anual que la política de «devoluciones en caliente» de España contribuyó a causar la muerte de inmigrantes en 2022. La organización focaliza en el deceso de al menos 23 personas en la frontera de Melilla en junio.
La ONG dedicada a la defensa de derechos humanos señaló que “las imágenes del suceso muestran a la policía marroquí golpeando a personas que escalan la valla” fronteriza. Se observa además a “la policía española utilizando gases lacrimógenos y trabajando junto con sus colegas marroquíes para enviar a gente a regresar”. Práctica que también se conoce como política de “retroceso” en España.
“Estamos preocupados sobre cómo manejó España el asunto y por lo que pueda ocurrir en el futuro”, señaló Hugh Williamson director ejecutivo para Europa y Asia Central de HRW. Comentó a Efe que “es importante que España no devuelva en caliente a personas a Marruecos a no ser que analice de manera rigurosa las solicitudes de asilo”.
Las autoridades españolas “confirmaron que habían retornado a personas a Marruecos de manera sumaria». HRW subrayó en el documento que “la política de devoluciones en caliente de España contribuyó a muertes de inmigrantes en sus fronteras terrestres y marítimas”.
En diciembre, la Fiscalía española archivó la investigación sobre las muertes en la frontera de Melilla al no apreciar indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad de España.
HRW y la situación de los migrantes en España
En su informe anual, HRW en el capítulo España, se refirió a la situación vulnerables de los migrantes en ese país y a las complicaciones derivadas de la política de «devoluciones en caliente».
La ONG refirió datos manejados por la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR indicó que al menos 25.389 personas habían llegado de forma irregular por mar a la península y a las Islas Canarias hasta finales de octubre de 2022. Mientras que 1.720 lo hicieron por tierra.
La falta de rutas seguras y legales siguió causando daños y muertes. Caminando Fronteras, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, calculó que en el primer semestre del año, 978 personas habían muerto en el mar al intentar cruzar en barco desde África a España. Y que aproximadamente cuatro de cada cinco de las muertes se produjeron en la ruta del Atlántico.
El 24 de junio, al menos 23 hombres africanos murieron durante un intento por entrar en territorio español. Donde una multitud de hasta 2.000 personas trataron de escalar la valla que separa el enclave de Melilla del territorio marroquí. Las causas de la muerte no se han determinado definitivamente. Las imágenes del suceso mostraban cómo la policía marroquí golpeaba a las personas que escalaban la valla. Y cómo la policía española utilizaba gases lacrimógenos y colaboraba con sus homólogos marroquíes para devolver a las personas al otro lado.
Entonces decenas de inmigrantes y fuerzas policiales de ambos lados de la frontera resultaron heridos. Las autoridades españolas confirmaron posteriormente que habían devuelto sumariamente a las personas a Marruecos. Periodistas de investigación publicaron en noviembre que un migrante había muerto en territorio español y que su cuerpo aún no había sido devuelto a su familia.
Pobreza creciente y alta inflación
El denso documento de HRW detalla la situación de los migrantes en España en 2022. También aborda la pobreza y la alta inflación.
Según datos oficiales publicados en junio, el 27,8 % de la población estaba “en riesgo de pobreza o exclusión social” en el país en 2021. Esto representaba un pequeño aumento respecto al año anterior, lo que equivale a 397.000 personas más, mostró una organización no gubernamental de lucha contra la pobreza. Más de la mitad (54 %) de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, estaban en riesgo de pobreza.
Los esfuerzos gubernamentales, incluidos los pagos de subvenciones y prestaciones sociales adicionales, para mitigar el impacto económico de la pandemia pueden haber contribuido a frenar este aumento. Debido a que el porcentaje de la población en situación de privación social y material grave disminuyó marginalmente durante ese período.
Sin embargo, los datos oficiales de 2021 mostraron que muchos hogares ya se enfrentaban a un costo de vida cada vez mayor, ya que el porcentaje de familias con dificultades para pagar la vivienda y la energía aumentó.
La inflación de los precios aumentó un 10,5 % entre agosto de 2021 y agosto de 2022, alcanzando el nivel más alto desde que comenzó la medición oficial actual en 1994. Y agravando la preocupación por el aumento de la pobreza. En septiembre, algunos alimentos básicos eran entre un 25 y un 40 % más caros que el año anterior.
En mayo, la principal red de bancos de alimentos del país predijo que la demanda aumentaría en una quinta parte para finales de año. Impulsada por la presión de la inflación sobre las personas que viven con bajos ingresos, recogió la ONG dedicada a los derechos humanos.
Ayudas sociales insuficientes
Aunque el Gobierno aumentó los niveles de ayuda del IMV (Ingreso Mínimo Vital) a principios de año, incluyendo pagos adicionales específicos para hogares monoparentales y personas con discapacidad, los aumentos se vieron superados por la inflación. El programa también mantuvo criterios arbitrarios, que siguieron excluyendo a la mayoría de las personas de entre 18 y 22 años, y a las personas sin un año de residencia legal continuada.
En junio, el gobierno prorrogó hasta finales de año una moratoria sobre los desahucios de personas que pudieran demostrar “vulnerabilidad social y económica”. Una medida introducida en 2020 para mitigar el impacto de la pandemia. Sin embargo, activistas por el derecho a la vivienda expresaron su preocupación por la idoneidad de la definición de “vulnerabilidad” de la ley. Al considerar que los desalojos siguieron produciéndose, con 11.000 casos en los primeros cuatro meses del año.
HRW manifestó que al momento de redacción de este informe, se calcula que unas 4.000 personas, entre ellas más de 1.800 niños y niñas, que viven en partes de la Cañada Real, un asentamiento informal en la comunidad de Madrid, comenzaban su tercer año consecutivo sin electricidad.
Los vecinos expresaron su preocupación por las condiciones meteorológicas extremas. Y el impacto en el acceso de los niños y las niñas a la educación e higiene. Presentaron una demanda en septiembre pidiendo que se investigara la medida adoptada por las autoridades. Y los proveedores de energía de cortar los servicios en octubre de 2020.
Avance legislativo en materia sexual
HRW)recoge asimismo en su informe que España sobre migrantes y pobreza, que se aprobó en 2022 una “nueva ley histórica sobre violaciones y consentimiento sexual”. La ONG cree que es “una mejora” del marco legal, “dada la debilidad de la legislación española” hasta ahora en ese terreno.
La ley trata de “cerrar un vacío legal” que permitía que violaciones de menores fueran juzgadas como un crimen de menor rango en casos en los que no se podía demostrar que hubo violencia o intimidación.
El documento destacó al mismo tiempo que “activistas han expresado preocupación” por el hecho de que la recategorización de algunos delitos permite que se reduzcan las sentencias mínimas en ciertos casos de forma retrospectiva.
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