Un detallado informe de la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la explotación ilegal de oro en Venezuela ha devenido en un baño de sangre.
La ONG denuncia que grupos armados amparados por el mismo régimen de Nicolás Maduro mantienen un estricto control social sobre poblaciones del estado Bolívar, aledañas a minas con la finalidad de explotar los recursos y llenar de riquezas las arcas de quienes mantienen controlan el funcionamiento del Estado venezolano.
Los responsables de esos abusos serían organizaciones conocidas como “sindicatos”, y también algunos grupos guerrilleros colombianos con presencia en la zona. Una denuncia similar la hizo el periodista Bram Ebus, en noviembre de 2019.
En ambos casos, explica HRW, esos grupos actuarían con el visto bueno del régimen de Maduro.
“Poor Venezuelans driven to work in gold mining by the ongoing economic crisis and humanitarian emergency have become victims of macabre crimes by armed groups that control illegal mines in southern Venezuela.” ~ @JMVivancoHRW https://t.co/G1GOHCydWd pic.twitter.com/ihiejFOdTW
— Human Rights Watch (@hrw) February 4, 2020
Situación bien explicada
En numerosas localidades rurales, las fuerzas de seguridad han abandonado sus trabajos.
Entre las causas principales se encuentran la falta de pago por parte del régimen o la búsqueda de actividades más lucrativas. La situación se agrava, pues el poder adquisitivo de los salarios en Venezuela es prácticamente nulo para un amplio número de trabajadores.
La denuncia detalla que estos grupos imponen condiciones abusivas y someten a tratos brutales a los trabajadores a quienes acusan de robos y otros delitos.
En los peores casos, han desmembrado y ejecutado en público a quienes presuntamente no han cumplido con sus reglas.
“Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas se han convertido en víctimas de delitos macabros”, expresó José Miguel Vivanco, director de HRW.
“Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre», añadió.
La declaración guarda semejanza con una hecha por el presidente encargado Juan Guaidó, quien ha solicitado a la Unión Europea que califique al oro extraído de forma ilegal como “oro de sangre”, y tome medidas para evitarlo.
La actividad ilegal sirve para financiar al régimen, asegura.
Gangs in Bolivar, southern Venezuela, are abusing civilians as they hunt for gold. @HRW https://t.co/eftqrjML3y
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) February 5, 2020
El ambiente también sufre
El informe de HRW cita a International Crisis Group que informó que entre los irregulares que actúan en la zona figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El régimen de Maduro ha anunciado iniciativas para atraer inversiones hacia la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal.
Sin embargo, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, como Bolívar, es ilegal.
Una gran cantidad de oro, aún no cuantificado precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.
HRW detalla también que las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores y pobladores.
Quienes trabajan en las minas también están expuestos al mercurio —prohibido en Venezuela— pero que puede provocar graves problemas de salud y toxicidad en organismo humano.
La epidemia de malaria que afecta a Venezuela tiene una estrecha correlación con el aumento repentino de la minería ilegal en el sur de Venezuela.
Los mineros suelen vivir a la intemperie, lo cual aumenta su exposición a los mosquitos. Los pozos mineros deforestados, que se llenan con agua de lluvia, son propicios para los mosquitos que transmiten la malaria.
Hoy en #SonDerechos programa de radio de Provea conversamos con el ingeniero Gilberto Delgado sobre los efectos que al medio ambiente está produciendo el proyecto Arco Minero del Orinoco pic.twitter.com/ydhStSdZxi
— PROVEA (@_Provea) September 24, 2019
Complicidad estatal
Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando y presuntamente llegaría a países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Suiza.
En 2011, el expresidente Hugo Chávez anunció la intención era nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales a través del llamado Arco Minero del Orinoco, un programa estatal.
Esta zona incluye el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y territorios indígenas.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” para continuar el desarrollo de esta zona de 111.843 kilómetros cuadrados (12% del país).
Según información recibida por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Maduro no llevó a cabo previos estudios de impacto ambiental ni consultas a poblaciones indígenas.
En 2016, Maduro expresó que el gobierno había firmado acuerdos de minería con compañías extranjeras por un valor de USD 5.500 millones.
En 2018, introdujo un “Plan Oro” para promover las inversiones en oro a partir de 2019. Sin embargo, hasta febrero de 2019, no se había concretado ningún acuerdo significativo.
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