Human Rights Watch acusa a los cuerpos de seguridad de Venezuela, al mando de Nicolás Maduro, de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y de torturas. Entre otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
Denunció que distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en Apure, el 21 de marzo de este año, con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela.
“El operativo derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Así como el procesamiento de civiles ante tribunales militares y detenciones arbitrarias. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen. Y que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, señaló el extenso informe de HRW.
La organización enmarcó sus acusaciones en el contexto de la ofensiva lanzada en marzo por el régimen venezolano contra grupos irregulares en ese Estado. Pidió investigar el delicado asunto a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados. Son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
HRW detalla información contra régimen de Maduro
HRW documentó los hechos ocurridos en la frontera con Colombia por parte de organismos de seguridad del régimen de Maduro. Precisó que el 21 de marzo se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure. Entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el 5 de abril la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. Manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas”. Y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
Entre marzo y abril, HRW entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas, 38 personas que habían huido de Apure. Así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias. La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela. Y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
La organización también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas. Además de fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por HRW.
HRW: Abusos aberrantes en dictadura de Maduro
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados. También por los aberrantes abusos perpetrados por los cuerpos de seguridad venezolanos, al mando de Maduro, reportó HRW.
Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. A la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria. Igualmente en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los sacaron por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, revela la investigación de HRW. Pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito. Y semanas después los trasladadon a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira. Dos detenidos liberados confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Múltiples entrevistados manifestaron que los detenidos no eran miembros de grupos armados.
HRW investigación in situ de abusos aberrantes
La amplia investigación de HRW en las localidades donde se produjeron atropellos y abusos por parte del régimen de Maduro, arroja muchos detalles. “El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos se encontraron a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Las víctimas fueron Luz Dey Remolina, de 42 años, Emilio Ramírez Villamizar, de 44, Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar, de 22, y Yefferson Uriel Ramírez, de 20”.
El informe indicó que “peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos. Y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”.
Según Emir Remolina, de 26 años, hijo de Luz Dey y Emilio, esa mañana pasó por la vivienda de sus padres mientras se dirigía a trabajar y los vio allí. En la tarde, advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles y francotiradores en los techos, e intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono. No obtuvo respuesta. Cerca de las 3:30 pm, se acercó hasta la vivienda de sus padres y no encontró a nadie. Pero sí encontró varios artículos domésticos destruidos, y que faltaban muebles y una motocicleta. Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.
Horas después, Emir vio mensajes y fotos que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en El Ripial, Las imágenes, a las cuales tuvo acceso HRW, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío.
Disparos a corta distancia
Onder Ozkalipci y James Lin, son miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG), que es coordinado por el Centro Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT). Y Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, analizaron las fotografías de los cuerpos de los familiares de Emir.
Los expertos forenses indicaron que los cuatro cuerpos se ajustaban a un “patrón”: estaban acostados boca arriba. Tenían los brazos extendidos hacia los lados, los hombres tenían el torso descubierto. Y todos tenían armas o granadas junto a su mano derecha.Vestían ropa de civil y no los uniformes de guerrillas.
En el informe de HRW sobre los atropellos del régimen de Maduro, recoge la opinión de los especialistas sobre las víctimas. Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar tenía fracturado el húmero de ese brazo. La herida parecía haber ocurrido antes de su muerte. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala en el pecho, donde parecía haber residuo, lo cual indicaría que se le disparó desde una corta distancia (menos de tres metros).
Luz Dey Remolina tenía orificios de entrada y salida en el brazo derecho y una granada cerca de esa mano. El patrón general de los cuerpos y la evidencia de que los cuerpos fueron movidos indican que la ubicación de las armas no es auténtica.
El rostro y torso de Emilio Ramírez Villamizar tenían manchas de sangre que parecían haber sido limpiadas. La sangre había escurrido desde una herida en el lado derecho de la cabeza en una dirección que sugiere que el cuerpo fue girado hacia la derecha.
Atención a la Fiscalía de la Corte Penal y la ONU
HRW destacó que en 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la CPI hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
En su informe advirtió que el 26 de marzo, el Fiscal General de Venezuela Tarek Saab designó a dos fiscales “de protección de derechos humanos” para investigar los sucesos en Apure. Y estableció una comisión conjunta de 12 expertos para investigar los asesinatos en El Ripial.
HRW sostuvo que “ha demostrado que el poder judicial venezolano normalmente no investiga las evidencias contundentes de violaciones de derechos humanos. Ello ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla”.
En ese sentido, la organización pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela que analice estos hechos. Y la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure.
También, añadió, “deberían examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos. O no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos”.
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