Entre los cientos de millones de personas que fueron vacunadas en todo el mundo contra el COVID-19 se produjeron miles de muertes. Muchas ocurrieron a los días de haberla recibido, lo que muchos consideran un indicativo de que pudo haber una correlación directa. Pero cómo distinguir cuántos de estos decesos pudieron deberse a la vacuna.
Fue lo que trató de dilucidar un grupo de expertos en medicina, entre los que están Nicolás Hulscher, E. Paul. Alejandro, Richard Amerling, Heather Gessling, Roger Hodkinson, Guillermo Makis, Harvey A. Arriesgar, Marcos Trozzi y Pedro A. McCullough. Valiéndose de una muestra de 326 autopsias publicadas hasta el 18 de mayo de 2023, lograron determinar que un total de 240 muertes (73,9%) estarían relacionadas directamente o de manera significativa con la vacunación contra el coronavirus.
La mayoría de las personas que perdieron la vida recibió una vacuna Sinovac (46,3%), seguida de Pfizer (30,1%), AstraZeneca (14,6%), Moderna (7,5%), Johnson & Johnson (1,3%) y Sinopharm (0,8%). La edad media de los fallecidos fue de 55,8 años. El número de días desde la vacunación hasta la muerte fue de 11,3 en promedio. Las causas primarias de los decesos incluyen muerte súbita cardíaca (35%), embolia pulmonar (12,5%), infarto de miocardio (12%), VITT (7,9%), miocarditis (7,1%), síndrome inflamatorio multisistémico (4,6%) y hemorragia cerebral (3,8%).
Los investigadores aseguran que estos datos indican la necesidad urgente de dilucidar los mecanismos fisiopatológicos de la muerte. Se debe estratificar el riesgo y evitar la muerte para el gran número de personas que han tomado o recibirán una o más vacunas COVID-19 en el futuro.
La aseveración trajo revuelo. Inmediatamente los defensores a ultranza de la vacuna cuestionaron el estudio «por carecer de la rigurosidad científica». También lo señalan por presuntamente estar respaldado «por especialistas acostumbrados a publicar falsedades sobre la vacuna del COVID-19».
Eventos adversos de la vacuna
Los investigadores consideran que el rápido desarrollo de las vacunas contra COVID-19, combinado con un alto número de informes de eventos adversos, generaron preocupaciones. Incluyen los posibles mecanismos de lesión. Como la distribución sistémica de nanopartículas lipídicas (LNP) y ARNm, daño tisular asociado a proteínas de pico, trombogenicidad, disfunción del sistema inmunológico y carcinogenicidad.
Para el análisis utilizaron las bases de datos PubMed y ScienceDirect. También todos los artículos originales, informes de casos y series de casos que contienen resultados de autopsia o necropsia (análisis grueso e histológico de órganos y tejidos) con vacunas contra COVID-19 como exposición antecedente.
Además de los estudios seleccionados, dos de los autores del trabajo, Nicolás Hulscher y Pedro A. McCullough, extrajeron de forma independiente datos del sitio donde se realizó la autopsia, año en que se publicó y toda la información del caso individual disponible. Como edad, sexo, marca de la vacuna y días desde la última administración de la vacuna hasta la muerte, entre otros. Inicialmente identificaron 678 estudios y tomaron 44 que contenían 325 autopsias y una necropsia. El sistema de órganos más implicado entre los casos fue el cardiovascular (49%), seguido por el hematológico (17%), respiratorio (11%) y sistemas de órganos múltiples (7%). En 21 casos, tres o más sistemas de órganos se vieron afectados.
Los investigadores cumplieron los criterios de causalidad desde una perspectiva epidemiológica. Incluyeron la plausibilidad biológica, la asociación temporal, la validez interna y externa, la analogía y la reproducibilidad con cada informe de caso sucesivo de muerte después de la vacunación contra COVID-19. Todo en combinación con estudios basados en la población que describen la mortalidad entre los vacunados.
Llamado de atención
Advierten que los hallazgos incrementan las preocupaciones con respecto a los eventos adversos de la vacuna COVID-19 y sus mecanismos. Expresan que la miocarditis inducida por la vacuna e infarto de miocardio han sido significativamente bien descritos en la literatura revisada por pares. Esto explicaría la alta proporción de muertes cardiovasculares observadas en el estudio por los efectos nocivos de la proteína Spike en el corazón.
Indican que algunos eventos adversos después de la vacunación pueden ser causados directa o indirectamente por la expresión sistémica o la circulación de la proteína Spike. Mediante el tiempo promedio (14,3 días) en el que los pacientes murieron después de la vacunación se puede establecer una asociación temporal. Las secuencias de vacunas de ARNm de SARS-CoV-2 Spike pueden circular en la sangre hasta 28 días después de la vacunación.
Subrayan que gran número de muertes inducidas por la vacuna COVID-19 evaluadas en la revisión coincide con múltiples documentos que informan sobre el exceso de mortalidad después de la vacunación.
Autopsias al mínimo, un obstáculo
En 2021, el jefe de Servicio de Clínica Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén, Ángel Hernández Gil, publicó un estudio en el que abordaba el papel que desempeñaba la Medicina Legal y Forense en la pandemia ante el «elevadísimo número de fallecimientos». Hablaba de la ausencia de una norma taxativa que regulara un procedimiento para poder confirmar o descartar las muertes sospechosas. Explicaba que se había recomendado no realizar autopsias a fallecidos con COVID-19 o con sospecha de la enfermedad. Especialmente por falta de salas de autopsias adecuadas o la ausencia de los debidos medios de protección. Lo que plantea Hernández Gil se replicó de cierta manera en muchos países. De allí las dificultades para levantar trabajos de investigación sobre la base de autopsias realizadas durante la pandemia.
En el artículo precisa que «algunos fallecidos carecían de antecedentes patológicos, otros tenían patología respiratoria compatible con COVID-19 pero sin confirmación analítica de test de laboratorio, y no pocos fallecieron con muerte súbita o sin patología respiratoria grave en el marco de posibles contactos con positivos».
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España publicó un comunicado que señalaba las directrices para las certificaciones de defunción. Indicaba que debido a la necesidad de contar con los medios adecuados de protección contra los riesgos biológicos, y en particular contra la exposición al COVID-19, se debía reducir al mínimo imprescindible los reconocimientos en situaciones de riesgo. Se recordó que se limitara el auxilio de la intervención judicial a los casos de muerte violenta o en los que existiera clara sospecha de criminalidad. En el resto de casos, la certificación correspondía a los médicos asistenciales de los servicios públicos o privados de salud.
Mejor no hacerlas
Asegura Hernández Gil que el Ministerio de Sanidad en el documento “Procedimiento para manejo de cadáveres de casos de COVID-19”, con el aval de la Sociedad Española de Anatomía Patológica recomendó en el caso de fallecidos con Covid-19 confirmado no realizar la autopsia por el riesgo biológico de contagio para los ejecutores de la misma y por el riesgo de propagación del virus.
Aunque la sugerencia fue desechada más adelante, la intervención médico forense ante muertes en ausencia de violencia o sin clara sospecha de criminalidad se vio reducida de forma muy significativa, y fueron certificadas por los servicios sanitarios.
Refiere que también la Sociedad Española de Patología Forense publicó “Recomendaciones actuación médico forense en el levantamiento del cadáver y autopsias médico-legales ante la situación de pandemia generada por el Covid-19”. En este se abordaba todo sobre el levantamiento del cadáver. Establecía que en caso de muertes naturales sin signos de violencia se evitara el traslado del cadáver al servicio de patología forense.
Tampoco en Estados Unidos
En julio de 2021, Jane Orient, directora ejecutiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos Americanos, publicó un comentario en el que cuestionaba el protocolo forense. Reclamaba que no se estuvieran llevando a cabo autopsias de la mayoría de las personas sanas que murieron de forma inesperada tras recibir una vacuna reportadas ante el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas.
Ocho meses después de que se administró la primera vacuna en Estados Unidos en diciembre de 2020, los reportes del VAERS indicaban que había más de 12.000 muertes tras recibir la vacuna. Sin embargo, existen pocas autopsias de las personas sanas que murieron tras recibir la vacuna a pesar de que las autopsias son tan importantes para identificar enfermedades y procesos patológicos.
Orient también se refirió a los certificados de defunción que utilizan los investigadores para recopilar estadísticas sobre la causa de la muerte. Aseguraba que «son muy poco confiables». Una evaluación de 494 certificados de defunción de las Instituciones Médicas Johns Hopkins que se realizó en 2001, arrojó que el 41% de los formularios tenían errores. Igualmente, los certificados de defunción que enumeraban la causa de muerte eran poco confiables y precisos. También un estudio que se publicó en Southern Medical Journal encontró «grandes discrepancias» entre los certificados de defunción del hospital y la información recopilada en la autopsia.
Voces críticas
Desde la primera vez que el equipo intentó difundir los resultados del estudio, encontraron rechazo. Lo cuestionaron por «adolecer de muchas imprecisiones y no tener rigurosidad científica». En 2023, The Lancet lo publicó en la sección de artículos en etapa inicial, aún no revisados por pares. Sin embargo, retiraron el preprint menos de 24 horas después. “Preprints with The Lancet eliminó esta preimpresión porque las conclusiones del estudio no están respaldadas por su metodología y no cumplía con criterios de selección”. Hasta ahí.
Las páginas verifica.efe.com y factual.afp.com/AFP-Francia, dedicadas a descartar fake news, coinciden en muchos de los argumentos contra la investigación. La agencia española consultó fuentes de la Agencia Europea del Medicamento, los centros de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas y de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de Estados Unidos, que recalcan que las inyecciones son seguras.
Obviamente una llamada telefónica de un reportero a un centro de medicamentos no es la manera de determinar la rigurosidad científica de una investigación. La EMA en su página evade la investigación con los resultados de otra investigación con el foco científico «pudieran producirse por causa coincidente no relacionada con el medicamento». Todas las agencias consultadas asumen como incuestionable «que las vacunas pasan por estrictos procesos de seguridad, para determinar que son seguras y sin riesgos graves para la salud». Ninguna se refiere a los datos de las autopsias que Lancet sacó de circulación.
Efe Verifica afirma que los efectos secundarios que menciona McCullough son «muy poco comunes o no suponen un riesgo grave». Pone como ejemplo el síndrome de trombocitopenia, que causa coágulos de sangre en vasos sanguíneos. Asegura sin apoyo científico que ha producido en «cuatro casos por cada millón de dosis administradas, por lo que se considera un evento adverso poco común». ¿Rigor científico?
Retirado por presión
William Makis, uno de los autores de la investigación, explicó que cuando publicaron el estudio hace un año aún sin haber sido revisado por pares, fue retirado de la publicación debido a la presión ejercida.
«El año pasado algunos de nosotros firmamos un estudio sobre los daños de las vacunas en The Lancet, una de las revistas más importantes del mundo. Firmado junto a autores como Peter McCullough, yo mismo, Hulscher, Trozzi, y otros doctores. El documento analizaba la serie más extensa de autopsias a nivel mundial de personas que se inocularon las inyecciones contra el COVID-19 y murieron súbitamente pocos días o pocas semanas después. Ese documento fue descargado cientos de miles de veces y en tan solo 24 horas. Hubo mucha presión por parte de la industria farmacéutica. Esto hizo que The Lancet retirara el estudio, lo cancelara. Y básicamente lo hiciera desaparecer para siempre y no viera más la luz».
Sin embargo, fue publicado en Forensic Science International después de haber pasado la revisión por pares.
Para recordar
Dentro de la emergencia que significaba la pandemia las grandes beneficiadas fueron las farmacéuticas. Los contratos entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas para la compra de vacunas contra el COVID-19 siempre estuvieron rodeados de secretismo y confidencialidad. A los fabricantes de los medicamentos se les garantizó que gran parte de los acuerdos no se divulgarán.
Los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas obtuvieron plazos de entrega flexibles y protección de patentes. En algunos casos, los países tenían prohibido donar o revender las dosis, una prohibición que obstaculizó iniciativas de llevar vacunas a los países pobres.
Los gobiernos firmaron al menos tres tipos de acuerdos de vacunas. Algunos las compraron directamente a las empresas farmacéuticas. Otros lo hacían a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Muchos recurrirán al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Esta alianza de más de 190 países se entendía directamente con las farmacéuticas. El fin era que las vacunas estuvieran disponibles en todo el mundo —en especial en los países pobres— de manera gratuita. O a un costo reducido. Algunos gobiernos firmaron acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX.
Dinero no faltó
Desarrollar vacunas es una empresa arriesgada. Rara vez las compañías invierten en la fabricación hasta que están seguras de que sus vacunas son eficaces y pueden obtener la aprobación del gobierno. Esa es parte de la razón por la que suele tomar tanto tiempo desarrollarlas y distribuirlas. Para acelerar este proceso, gobiernos —principalmente de Europa y Estados Unidos— y organizaciones sin fines de lucro como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés), absorbieron parte o la totalidad de ese riesgo. Estados Unidos, por ejemplo, se comprometió a destinar hasta 1.600 millones de dólares para ayudar a la empresa Novavax, con sede en Maryland, a desarrollar su vacuna contra el coronavirus. La CEPI aportó hasta 400 millones de dólares en subvenciones y préstamos sin intereses.
La compañía de biotecnología de Massachusetts, Moderna, incluso recibió más ayuda. No solo utilizó tecnología desarrollada por el gobierno como la base de su vacuna, sino que también recibió cerca de 1.000 millones de dólares en subvenciones gubernamentales para desarrollar el medicamento. Luego, el gobierno realizó un pedido inicial de la vacuna por 1.500 millones de dólares. La compañía dijo que el proyecto fue pagado en su totalidad por el gobierno federal.
Otro de los puntos de polémica fueron las cláusulas de exoneración de responsabilidad por efectos adversos. Las farmacéuticas quedaban libres de responder por los posibles efectos adversos delas vacunas. De manera que pasó a ser el Estado quien respondiera por los daños. Lo habitual es que la corporación que produzca un medicamento sea responsable de los daños que cause. Pero esta vez se alegó que los gobiernos habían acelerado el proceso de producción, por lo que las farmacéuticas rechazaban toda responsabilidad.
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