POR CAMBIO16
25/07/2017
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado a los funcionarios públicos catalanes de que sean «plenamente conscientes» de que tienen la obligación de remitir la información que el Gobierno de España les va a requerir semanalmente,.
Advierten que, de no ser así «se enfrentan a la asunción de responsabilidades contables, administrativas y penales».
«El Gobierno de España no va a consentir, no va a tolerar que ni un solo euro de los catalanes se destine a un referéndum que es ilegal», ha dicho Fernández de Moya.
La advertencia a los funcionarios catalanes ha estado dirigida tanto a la interventora general de la Generalitat.
Asimismo, a los interventores de las correspondientes consejerías como responsables de esas unidades de centros de gastos donde no haya interventores pero sí responsables económicos y financieros del resto de entes públicos.
También ha sido dirigida al director general de Presupuestos y al director general de Tesoros, Seguros y Política Financiera.
Los requerimientos de Hacienda
De hecho, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha envido un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella.
En este requerimiento advierte de que puede incurrir en responsabilidades hasta penales si no explica a qué obedece el desvío de 6.150 euros del presupuesto.
También deberá explicar si esa partida está vinculada a la celebración de un referéndum de independencia, según han informado fuentes del Ejecutivo.
Fernández de Moya ha subrayado que España es un Estado de derecho y como tal «hay que cumplir las resoluciones y las sentencias del Tribunal Constitucional» una vez que en sentencia del pasado 5 de julio se ha decretado la nulidad del programa 132 que se recoge en los presupuestos de la Generalitat bajo el epígrafe de organización de procesos electorales.
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