Vrinda Narain, McGill University
El segundo aniversario de la toma de Afganistán por los talibanes se acerca rápidamente. Desde entonces, a las mujeres afganas se les han negado los derechos humanos más básicos en lo que sólo puede describirse como apartheid de género. Solo calificándolo como tal, y dejando claro que la situación en Afganistán es un crimen contra la humanidad, podrá la comunidad internacional luchar legalmente contra la discriminación sistemática de las mujeres y niñas.
Borrar a las mujeres de la esfera pública es fundamental para la ideología talibán. Las instituciones de derechos de la mujer en Afganistán, en particular el Ministerio de Asuntos de la Mujer, han sido desmanteladas. Mientras, el temido Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio ha resucitado.
Se ha disuelto la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos y se ha derogado la Constitución del país de 2004. La legislación que garantizaba la igualdad de género ha sido invalidada.
En la actualidad, a las afganas se les niega la educación postsecundaria. Ni pueden salir de casa sin la compañía de un hombre, no pueden trabajar, excepto en la sanidad y en algunos negocios privados. Se les prohíbe el acceso a parques, gimnasios y salones de belleza.
Mujeres en el punto de mira
De los cerca de 80 edictos emitidos por los talibanes, 54 se dirigen a las mujeres. Todos restringen gravemente sus derechos y violan las obligaciones internacionales de Afganistán. Las anteriores leyes constitucionales y nacionales fueron derogadas.
Los talibanes se muestran impertérritos. Continúan su faena donde lo dejaron hace 20 años, cuando fueron desalojados del poder. Los resultados de sus ambiciones son casi apocalípticos.
Afganistán enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo. Más más del 90 % de los afganos padecen algún tipo de inseguridad alimentaria, y alrededor de 19 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda. Los hogares encabezados por mujeres y los niños son los más afectados.
La violencia de género ha aumentado exponencialmente, con la correspondiente impunidad para los autores y la falta de apoyo a las víctimas, mientras que las minorías étnicas, religiosas y sexuales sufren una intensa persecución.
Esta sombría realidad subraya la urgente necesidad de abordar cómo están interconectados los daños civiles, políticos, socioeconómicos y de género.
Crimen internacional
Karima Bennoune, académica argelino-estadounidense especializada en derecho internacional, ha abogado por reconocer el apartheid de género como un crimen de derecho internacional. Este reconocimiento se derivaría de los compromisos jurídicos internacionales de los Estados en materia de igualdad de género y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de las Naciones Unidas, destinado a lograr la igualdad de género en todo el mundo para 2030.
Tipificar como delito el apartheid de género proporcionaría a la comunidad internacional un poderoso marco jurídico para responder eficazmente a los abusos de los talibanes. Aunque la ONU ya ha calificado la situación en Afganistán como tal, el término no está reconocido actualmente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como uno de los peores crímenes internacionales.
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Richard Bennett –relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán– declaró:
“Una discriminación grave, sistemática e institucionalizada contra las mujeres y las niñas está en el corazón de la ideología y el gobierno talibán, lo que también suscita la preocupación de que puedan ser responsables de apartheid de género”.
Tipificar como delito el apartheid de género a escala mundial permitiría a la comunidad internacional cumplir con su obligación de responder eficazmente e intentar erradicarlo de forma permanente. Proporcionaría las herramientas jurídicas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales con los derechos de la mujer en todos los aspectos de la vida.
Shaharzad Akbar, directora del grupo de derechos humanos Rawadari y expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, ha instado al Consejo de Derechos Humanos a reconocer que la situación en Afganistán es un apartheid de género.
Ha señalado que “los talibanes han convertido Afganistán en un cementerio masivo de las ambiciones, los sueños y el potencial de las mujeres y niñas afganas.”
Apoyo sudafricano
Varias defensoras de los derechos de las mujeres afganas también han pedido la inclusión del apartheid de género en el Proyecto de Convención de la ONU sobre Crímenes contra la Humanidad.
Bronwen Levy, representante de Sudáfrica en el Consejo de Seguridad, ha instado a la comunidad internacional a “tomar medidas contra lo que el informe (de Bennett) describe como apartheid de género, de la misma forma como lo hizo en apoyo de la lucha de Sudáfrica contra el apartheid racial”.
En otro lugar, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, así como la jefa de su Delegación para las Relaciones con Afganistán, han descrito la “inaceptable” situación de Afganistán como de apartheid de género.
Siempre y dondequiera que surjan sistemas de apartheid, estos representan un fracaso de la comunidad internacional. La situación en Afganistán debe obligarnos a responder eficazmente a la persecución de las mujeres.
Reconocer que el régimen talibán es un apartheid de género no sólo es fundamental para los afganos, sino también para la credibilidad de todo el sistema de la ONU. Como dijo al Consejo de Seguridad la activista afgana de derechos humanos Zubaida Akbar: “Si no defienden los derechos de las mujeres aquí, no tienen credibilidad para hacerlo en ningún otro sitio”.
Los brutales dos años de los talibanes en el poder en Afganistán han enseñado que las iniciativas ordinarias en materia de derechos humanos, aunque importantes, son insuficientes contra el apartheid de género. El mundo necesita una acción internacional colectiva decidida que ponga fin a la guerra contra las mujeres. No en dos meses. Ni en dos años. Ahora.
Vrinda Narain, Associate Professor, Faculty of Law, Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill University
Publicado en The Conversation. Lea el original.
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