Greenpeace, Ecologistas en Acción e Intermón Oxfam interpusieron una demanda contra el Gobierno ante el contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Denuncian el incumplimiento de los compromisos climáticos. En concreto, se refieren a la reducción de emisiones que ordena el Acuerdo de París. También a la obligación establecida por la Unión Europea de aprobar antes de finales del 2019 un Plan Nacional de Energía y Clima. Igualmente, se debe aplicar una estrategia para la descarbonización total a largo plazo.
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón critican que la reducción de emisiones acordada por España para el año 2030 sea, como máximo, de un 23% respecto a 1990 . Es «absolutamente insuficiente» para lograr el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 ºC respecto a la época preindustrial. Exigen que el recorte sea del 55%, «como establecen los informes científicos». «Esta inacción del Gobierno nos coloca ante una crisis climática», alertan.
Consideran ineludible la obligación de iniciar este litigio contra el Gobierno. “La única instancia a la que acudir por su actividad totalmente insuficiente desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto para mitigar el cambio climático, que pone en grave riesgo los derechos más esenciales”, anotan las organizaciones en una declaración conjunta.
Incumplimiento de los compromisos climáticos
Acusan al Gobierno de incumplir la obligación prevista en el reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. En ella se establecía la aprobación de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. También exigía una Estrategia a Largo Plazo para el pasado mes de diciembre.
Consideran que el Gobierno vulnera los compromisos asumidos con la ratificación del Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas para no superar los 1,5 ºC. De acuerdo a estas disposiciones, la reducción de emisiones de GEI no debería ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990 y al cero neto de las emisiones en 2040. Sin embargo, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23% de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.
Sostienen que con los objetivos previstos por el Gobierno para disminuir los gases «no se evitará el impacto de sequías, aumento del número de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar. Estas situaciones afectan especialmente a España.
Mayor riesgo en la crisis sanitaria
Para las estas oenegés, el actual contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes reclama con mayor urgencia evitar los peores efectos del cambio climático. «La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego«.
Destacan que solo hay una forma de evitar «un cambio climático devastador». Es necesario reducir «drástica y rápidamente» las emisiones de CO2. Resulta perentorio tomar decisiones políticas que introduzcan cambios ambiciosos y urgentes. «Estamos en un momento clave para evitar una crisis más virulenta que la que el mundo sufre con la COVID-19″.
España lleva años emitiendo gases de efecto invernadero por encima del límite establecido, destacan. Recuerdan que el acuerdo de la Unión Europea para el cumplimiento del Protocolo de Kioto permitió a España incrementar sus emisiones en un 15% con respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012.
Un ejemplo mundial
Con la demanda, el Gobierno de España se suma a una creciente lista de administraciones que han enfrentado litigios climáticos en los últimos años. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son algunos.
Un ejemplo notable es el de los Países Bajos. La Fundación Urgenda logró que el Tribunal Supremo dictaminara que el Gobierno tiene el deber de reducir de manera urgente y significativa las emisiones. Alega que este paso es necesario para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Fue el primer caso en el mundo en el que los ciudadanos establecen que su gobierno tiene el deber legal de evitar un cambio climático peligroso.
Los jóvenes también demandan
A principios de este mes, cuatro niños y dos adultos jóvenes de Portugal presentaron una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo contra 33 países industrializados por incumplimiento de sus compromisos climáticos.
Los jóvenes fueron apoyados por la Red de Acción Legal Global. Alegan que los 33 países -incluidos a Alemania, el Reino Unido, Rusia y Portugal- no han implementado los recortes de emisiones necesarios para proteger su futuro.
En julio, una estudiante de derecho de Melbourne, demandó a la Commonwealth de Australia «por no revelar los riesgos del cambio climático que enfrentan los inversores en bonos soberanos de ese país». Katta O’Donnell, de 23 años de edad, argumenta que a medida que el mundo se calienta el valor de las inversiones pueden colapsar debido a las inadecuadas políticas de cambio climático del Gobierno.
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