Por Manuel Domínguez Moreno
Grupo México, la primera compañía minera de su país y propiedad de Germán Larrea, la segunda fortuna más importante de México tras Carlos Slim, niega que haya perdido la concesión de la mina sevillana de Aznalcóllar pese a la suspensión de la adjudicación hecha pública por la presidenta en funciones de Andalucía, la socialista Susana Díaz, tras conocerse la presunta concesión ilegal que investiga una juez. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo México niega haber recibido notificación alguna de suspensión o cancelación de la adjudicación minera, una concesión que le fue otorgada en marzo pasado, en plena precampaña electoral de las elecciones andaluzas del 22 de marzo. La empresa mexicana asegura haber cumplido “con estricto apego a la ley”.
Hasta 11 altos cargos de la Administración autonómica deberán explicar los entresijos de la adjudicación de la explotación minera si no quieren ser acusados de hasta cinco delitos relacionados con la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y negociación ilegal vinculados con un concurso público.
A día de hoy, la magistrada Patricia Fernández Franco solo ve en el acuerdo alcanzado entre Minorbis (filial de la empresa Magtel, con numerosos contratos con la Junta de Andalucía) y Grupo México una “declaración de buenas intenciones” para constituir un consorcio que actualmente no es tal legalmente.
Grupo México asegura que “durante todo el proceso del concurso público internacional, iniciado hace más de un año, cumplió todos los requisitos exigidos por las bases del concurso y por la administración, incluida la acreditación de su solvencia técnica y económico-financiera, y la presentación de un plan de exploración y un proyecto de explotación, siempre con estricto respecto de la ley”.
Mientras tanto, la investigación policial comienza a dar sus frutos y la Brigada de Policía Judicial remitió el 23 de abril un informe al Juzgado de Instrucción número 3, que investiga el caso Aznalcóllar, donde se alerta de la falsificación de parte de la documentación presentada por la filial de Magtel, con constatados vínculos con los gobiernos socialistas bajo mandato de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y también Susana Díaz.
Según esta investigación policial, el Ejecutivo de Susana Díaz adjudicó la reapertura de la explotación minera de Aznalcóllar no sólo sabiendo que incumplía los requisitos mínimos que el mismo Gobierno andaluz había establecido “con transparencia”, sino que además se han detectado documentos falsificados aportados al expediente ganador de la adjudicación. Esta falsificación se ha detectado en concreto en los papeles donde se debían aportar la capacidad y experiencia de la empresa española en su alianza con Grupo México, que aún mantiene sin rescatar los cadáveres de 63 mineros sepultados hace nueve años en una explotación de su país.
La policía cree que podrían haberse falsificado las firmas del supuesto representante de Grupo México en este proyecto. La propia comisión técnica de la Junta encargada de valorar las propuestas recalcó sus dudas sobre estas firmas. Por ello reclamó a Minorbis una ratificación de todos los documentos en los que aparecían firmas bajo sospecha. Esta ratificación nunca se produjo.
La concesión de la Junta a Minorbis-Grupo México es para los próximos 30 años, en una explotación minera de infausto recuerdo para los españoles por ser el lugar donde se produjo el 25 de abril de 1998 el mayor desastre ecológico en la historia reciente de este país. Aznalcóllar tiene reservas de cobre, zinc y plomo estimadas en 35 millones de toneladas. Las previsiones del proyecto paralizado apuntaban la creación de un millar de puestos de trabajo directos e indirectos.
Pese a desmentir a la presidenta andaluza sobre la paralización de la adjudicación, Grupo México insiste en “su total respeto a la legislación e instituciones españolas, estando siempre a disposición de las autoridades para proporcionar toda la información necesaria referente a su participación en este concurso público internacional”.
Grupo México, además de desoír la paralización ordenada públicamente por Susana Díaz, asegura que prosigue trabajando en el plan de exploración y en la elaboración de “un plan de factibilidad e ingeniería de detalle con el objetivo de iniciar construcción en 2016 y producción comercial en 2018, según lo previsto en la propuesta técnica presentada en el concurso”.
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