El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayo de 2018 en Nicaragua. Más de 400 páginas detallan las prácticas represivas y violatorias de derechos humanos aplicadas por el presidente Daniel Ortega y, su esposa, la vicepresidenta, Rosario Morillo.
El Grupo fue instalado a mediados de año a tenor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Debe coadyuvar y apoyar mediante el análisis de las investigaciones llevadas por el Estado de Nicaragua. El informe se elaboró conforme a los estándares internacionales y las mejores prácticas regionales. Compiló las denuncias de las víctimas. Se busca garantizar la reparación integral de las víctimas.
Lo integran cuatro expertos designados por el Secretario General de la OEA. Ellos son Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti. Se trata de personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos.
Un informe con catorce capítulos ilustra detalladamente los antecedentes, el contexto y la caracterización de los patrones de conducta frente a las violaciones al derecho a la vida. Aborda casos referidos a la integridad y la libertad personal. También el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva. Y la libertad de expresión y manifestación, y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
“El Estado criminalizó cualquier acto de protesta por parte de la ciudadanía y persiguió e incluso encarceló a líderes de distintos sectores sociales y políticos”, revela. Añade que también reprimió a medios de prensa y periodistas.
Sin el apoyo de Ortega
Los autores del informe no contaron con el apoyo del gobierno de Ortega establecido en el acuerdo. Por el contrario, limitó el acceso a la información. Sin embargo lograron recopilar y analizar información de fuentes abiertas e información oficial entregada por el Estado a la CIDH. El informe contiene vídeos, fotos, material periodístico y redes sociales. Muchos de los contenidos fueron registrados y aportados por la ciudadanía.
En informe indica que aplicó la debida diligencia para evaluar la credibilidad y fiabilidad de las fuentes. Trianguló la información recopilada para confirmar su validez. Incluso contrastó la información oficial que pudo obtener de diversas fuentes.
La información fue incorporada en un sistema informático de gestión de información creado por el GIEI. Adicionalmente contó con el apoyo de expertos internacionales. Estos aportaron información relevante para los fines del informe. Además examinó la normativa interna nicaragüense -constitucional, legal y reglamentaria-. «Y también la normativa y jurisprudencia internacionales de derechos humanos. Tanto del sistema universal y del regional”.
El informe determinó que hubo uso indebido de armas de fuego como forma de represión. Que se hizo con impulso y aval político por parte del Estado. Que se hicieron detenciones masivas de manifestantes. Y que hubo impunidad de la violencia estatal. Peor aún, la constitución de crímenes de lesa humanidad.
Al informe lo acompañan recomendaciones para investigar los crímenes y sancionar a los responsables. Esto con apego a la institucionalidad del sistema de administración de justicia. Por cierto, altamente cuestionado por el trabajo del GIEI.
Bachelet: en Nicaragua la sociedad civil está en riesgo
Los expertos reflejaron el impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos. Señalaron la incapacidad del Estado de Nicaragua de contar con sistema de justicia penal limitado para dar respuestas ante la abundancia de perpetradores.
Y propuso criterios para establecer un plan integral de reparaciones junto a unas conclusiones y recomendaciones que cierran el trabajo del GIE.
El 19 de diciembre, un día antes de la presentación del Informe GIEI, en Managua, el gobierno de Ortega decidió “suspender temporalmente” las funciones del grupo de expertos y su equipo y concretó su salida. En su oportunidad se pronunció la la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Expresó: «Esta decisión, junto con los ataques a los medios de comunicación independientes del pasado fin de semana, tiene como consecuencia un país donde la sociedad civil está en peligro de ser completamente desarticulada y donde las organizaciones internacionales están luchando para seguir trabajando«.
En su cuenta en Twitter también el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Paulo Abrão, emitió su opinión:
Frente a los recientes desafíos hemisfericos en materia de #derechoshumanos coordinamos hoy con @mbachelet la articulación y complementariedad entre la @CIDH y @OACNUDH. Evaluamos también las situaciones más sensibles en #Nicaragua, #Venezuela y para personas defensoras de #DDHH. pic.twitter.com/igYA9fsbO5
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 20, 2018
A la fecha, la violencia emprendida desde el gobierno de Nicaragua ha dejado un saldo de más de 300 víctimas mortales, 500 detenidos y más de 1000 lesionados. Se mantiene la persecución sistemática a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes.
El pasado viernes 21 de diciembre las fuerzas de seguridad del Estado de Nicaragua se llevó detenido de la sede principal del medio de comunicación 100% Noticias a su director, el periodista Miguel Mora.
Para obtener en informe completo del GIEI pulse aquí,
Para más información visite Cambio16.
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