En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirma Amnistía Internacional en el informe ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua. La ONG defensora de los derechos humanos documenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo político o por ejercer la libertad de expresión. Esas personas se encuentran sometidas a desaparición forzada bajo la tutela de funcionarios policiales nicaragüenses.
“El gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar callar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Los 10 casos que documentamos muestran un nuevo patrón de detenciones. Todos van seguidos de desapariciones forzadas y guardan enormes similitudes con decenas de personas que podrían estar en esa situación. Exigimos al gobierno que libere inmediatamente a los detenidos por ejercer sus derechos”.
En abril de 2018 comenzó en Nicaragua la crisis de derechos humanos. Desde entonces no ha cesado el hostigamiento contra los opositores al gobierno. También a defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.
130 detenidos por ejercer sus derechos humanos
La nueva fase de la política represiva del gobierno de Ortega empezó el 28 de mayo pasado. Hasta el 2 de agosto más de 30 personas fueron privadas de su libertad. En total 130 personas están en prisión por ejercer sus derechos humanos.
En el análisis de los 10 casos, Amnistía Internacional determinó que las detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos.
Los casos documentados fueron los de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.
Además, no son casos aislados. Ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes. Por tanto, los casos de estudio serían un grupo muy reducido de una larga lista de víctimas.
Admiten que los pusieron presos, pero no dicen dónde
En ninguno de los casos documentados, las autoridades políticas y policiales habían revelado a ubicación exacta de las personas detenidas-desaparecidas, como lo exige el derecho internacional. En general, la única información sobre su posible paradero la brindan por la insistencia de los familiares la dan de manera verbal los agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”.
Sin embargo, la información verbal y no oficial de agentes policiales que están a cargo del ingreso de un centro de detención no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre las condiciones y la localización de las personas detenidas.
Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han emitido comunicados públicos reconociendo las detenciones. Sin embargo, en ninguno hacen mención del lugar de reclusión. Además, las familias no han podido visitar a las personas detenidas, sus equipos legales no han tenido acceso a entrevistarles, y las autoridades judiciales no han dado respuesta a los llamados a autorizar el ingreso de familiares y abogados.
Solicitan el acceso a los expedientes, revisión médica para los detenidos, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros
La información dada a Amnistía Internacional da cuenta de que las familias y los representantes legales de las 10 personas detenidas presentaron más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diversas autoridades. Solicitan el acceso a los expedientes, revisión médica para los detenidos, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros. En la mayoría de los casos no ha habido respuesta de las autoridades.
La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones. Implica la violación de un conjunto de derechos humanos. Se define como una privación legal o ilegal de la libertad de una persona cometida por agentes estatales, o por otros actores que cuentan con la aquiescencia o tolerancia del Estado, sin reconocer posteriormente que la detención tuvo lugar, o, si se la reconoce, se niega información sobre la suerte o paradero de la persona privada de libertad.
“Esta semana se cumplen 90 días desde que iniciaron las detenciones más recientes. Sin embargo, las autoridades se siguen negando a entregar información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención”, dijo Erika Guevara Rosas.
Agregó que las familias merecen tener la certeza de que sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el cual están recluidos. “La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del gobierno de Daniel Ortega”, subrayó.
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