Greenpeace observa una “incoherencia climática” del Gobierno y la Generalitat de Catalunya al aprobar recursos para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Además, denuncia la falta de compromiso con el clima y el medioambiente en el acuerdo suscrito por ambas administraciones. El convenio implica 1.700 millones de euros para una infraestructura que potencia el uso de combustibles fósiles y perjudica la calidad de vida del área metropolitana.
Esta decisión se adiciona a la inversión de 1.600 millones para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas. «El gobierno Pedro Sánchez demuestra su falta de compromiso en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente» apunta. Greenpeace recuerda que el avión es el modo de transporte más contaminante por persona transportada. Hasta 20 veces más que el tren.
La organización protestó en el aeropuerto catalán reclamando “Más trenes y menos aviones” el pasado 1 de julio. Alertó del impacto ambiental del sector aéreo y mostró al ferrocarril como alternativa sostenible y asequible frente a los aviones, transportes de carga y vehículos. La manifestación de los ambientalistas, que desveló la afectación del aeropuerto de El Prat sobre los entornos naturales protegidos del río Llobregat, coincidió con la declaración del Año Europeo del Ferrocarril por la Comisión Europea,
“Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Catalunya presumen de su voluntad para luchar contra la emergencia climática. Sin embargo, en la realidad acuerdan ampliar aeropuertos que incrementarán aún más las emisiones contaminantes”, dijo Adrián Fernández, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace.
“La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido y más contaminación atmosférica. Además, arrasa espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat”, añadió.
Greenpeace y la ampliación de El Prat
Greenpeace denuncia también las opacas condiciones durante el desarrollo de la ampliación de El Prat. De hecho, en el acuerdo dado a conocer no se concretan los detalles sobre los trabajos que se van a realizar. Ni los impactos sobre los espacios protegidos, como la Laguna de La Ricarda que quedarán pendientes del dictamen de la Comisión Europea.
“Ambos gobiernos saben que están aprobando un ataque medioambiental. Por eso insisten en resaltar las medidas de compensación. A pesar de que Aena no ha cumplido las obligaciones en esta materia fijadas en la Declaración de Impacto de 1998”, señaló.
Fernández igualmente salió al paso a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, al afirmar que El Prat será el aeropuerto más verde de Europa. “Ningún aeropuerto es ‘verde’. El sector aéreo depende al completo de combustibles fósiles y su descarbonización es inviable a corto y medio plazo”, refutó.
Greenpeace asegura que el acuerdo no impedirá seguir adelante con las reivindicaciones por un modelo de transporte descarbonizado y compatible con los objetivos del Acuerdo de París. Desde la Plataforma ZeroPort, de la que Greenpeace forma parte, se ha convocado una gran movilización ciudadana para el 19 de septiembre. Antes de que el Consejo de Ministros otorgue luz verde a los planes de Aena.
Duro impacto ambiental
Los ecologistas recuerdan que Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% para 2030, respecto a los niveles de 1990.
La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones por pasajero transportado. En 2019, El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad. Y ahora, teniendo en cuenta la ampliación de capacidad prevista, de 55 a 70 millones de pasajeros al año, las emisiones podrían dispararse un 33%, según la Agencia de Desarrollo Urbano de Barcelona.
De igual manera, Greenpeace apunta que el aumento de la capacidad del aeropuerto Madrid-Barajas, de 70 a 80 millones de pasajeros al año, supondría un alza exponencial de las emisiones. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.
Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno. Esto es especialmente preocupante en el caso de Barcelona-El Prat, ya que los trabajos están previstos en la zona de La Ricarda. Un espacio protegido por la Red Natura 2000.
La ampliación de la tercera pista pondría, además, en peligro el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana. Y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat.
En febrero la Comisión Europea abrió un procedimiento contra el Estado español por la negligencia en la protección del delta, y ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a la Generalitat sobre las acciones que están desarrollando para preservar la zona.
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