Disturbios en Kiev tras la aprobación de la reforma constitucional
Por EFE
La aprobación en el Parlamento de Ucrania de una reforma para descentralizar el país ha desatado en Kiev la violencia de los nacionalistas radicales, que se cobró al menos un muerto y más de 120 heridos, casi en su totalidad miembros de las fuerzas de seguridad.
«En total, después de los enfrentamientos junto a la Rada han sido hospitalizadas 122 personas, once de ellas graves. Además, hay dos periodistas franceses heridos», dijo en una comparecencia ante la prensa el ministro del Interior ucraniano, Arsén Avákov.
Poco antes, había confirmado la muerte de un miembro de la guardia nacional, alcanzado en el corazón por una esquirla de la granada lanzada por nacionalista radical, ya detenido por la Policía.
La explosión de esa granada y otros artefactos explosivos causó un gran número de heridos, tanto entre los efectivos de la Guardia Nacional como de la Policía. Avákov informó de que entre los heridos se encuentra uno de los viceministros de Interior, Vasili Paskal. A su vez, responsabilizó directamente a Oleg Tiagnibok y a su formación nacionalista Svoboda (Libertad) de los acontecimientos junto a la Rada, que calificó de «crimen».
Svoboda y la organización ultranacionalista Sector de Derechas fueron los principales organizadores de las protestas frente a la Rada que degeneraron en los violentos enfrentamientos. El titular de Interior anunció que la Policía ha detenido a cerca de treinta participantes en los ataques contra las fuerzas del orden y adelantó que «habrá más detenciones».
«Como ciudadano del país exijo, de conformidad con el artículo 348 de Código Penal de Ucrania, cadena perpetua para la persona que lanzó la granada que mató al miembro de la Guardia Nacional», declaró el primer ministro del país, Arseni Yatseniuk.
El jefe del Gobierno llamó a las fuerzas políticas del país a condenar pública y unánimemente a los organizadores de los violentos desórdenes en Kiev, a los que acusó de «abrir un segundo frente en el interior del país». «El crimen de hoy, que fue perpetrado bajo las banderas de diversas fuerzas políticas, incluida Svoboda, no sólo debe ser investigado, sino castigado con todo el peso de ley», recalcó.
Tiagnibok rechazó las acusaciones y aseguró que los artefactos explosivos fueron lanzados por «provocadores al servicio de las autoridades». «El Gobierno estaba interesado en que corriera sangre», dijo el líder nacionalista al periódico digital Ukrainska Pravda, al señalar que las autoridades necesitan de esta situación para ocultar su «vergonzosa política de traición».
Tiagnibok se refería a la aprobación en primera lectura de un proyecto de enmiendas constitucionales sobre la descentralización del país, uno de los compromisos adquiridos por Kiev en febrero pasado en el marco de los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en las regiones orientales del país. Los nacionalistas se oponen de manera categórica a estas modificaciones, ya que contienen un artículo transitorio que contempla un «régimen especial de autogobierno en determinadas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk», regulado por una ley ucraniana.
Según Svoboda y otras fuerzas nacionalistas, se trata de una concesión inaceptable a los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y constituye un atentado contra la integridad del Estado.
El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha insistido en que las enmiendas constitucionales no prevén, en ningún caso, la concesión de un «estatus especial» a las zonas controladas por los prorrusos. Poroshenko ha declarado que el arreglo del conflicto en las regiones orientales pasa necesariamente por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, que incluyen la descentralización del país.
Hoy, el jefe del Estado consiguió que la Rada diese luz verde a su proyecto de reforma al adoptarlo en primera lectura con los votos de 265 diputados, 39 más de los necesarios. Sin embargo, Poroshenko tendrá que dar un dura batalla para conseguir su aprobación definitiva, para la que necesita el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios, es decir de 300 legisladores.
