Rahima Mahmut /The Guardian
Esta semana, otro secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña ha justificado su colaboración con los perpetradores del genocidio de los uigur. Dijo que ir a Pekín le permite plantear sus preocupaciones en privado. James Cleverly, según una declaración oficial, dejó en claro en sus reuniones con el gobierno chino la «fuerza del sentimiento del Reino Unido sobre el encarcelamiento masivo del pueblo uigur».
La escasa presión de James Cleverly sobre China no es sorprendente, dado el papel que desempeñan las empresas e incluso las universidades en los abusos contra los derechos humanos.
Una vez más se demostró que el gobierno del Reino Unido no tiene sino palabras para responder cuando se trata de violaciones masivas de los derechos humanos en China. Nunca defiende sus valores.
Nada sorprendente. No solo fracasa en proteger al pueblo uigur del genocidio, sino también que participa en esfuerzos concertados para negar los hechos y la ignorancia deliberada de las empresas y la sociedad civil en el Reino Unido.
Cuando los parlamentarios británicos, el gobierno de Joe Biden y otros declararon que la persecución sistemática de los uigures de China era un genocidio, lo hicieron conscientes de la profunda gravedad del término. La declaración de genocidio ha sido acreditada por el tribunal independiente uigur, presidido por el juez y abogado Geoffrey Nice KC.
Gran Bretaña se niega a utilizar la palabra genocidio
En marcado contraste, los ministros del Reino Unido guardan silencio y destaca negativa del gobierno a utilizar la palabra “genocidio” cuando la difícil situación de los uigures es palpable. Mientras, con una regularidad cada vez más preocupante, figuras y organizaciones fundamentales dentro de los niveles superiores de la sociedad británica optan por hacerse la vista gorda ante la realidad del genocidio que se comete en China
Se ha descubierto que 16 universidades del Reino Unido tienen vínculos con el gigante genético BGI Group, vinculado al Partido Comunista Chino. Sus filiales han sido sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por sus esquemas abusivos de recolección y análisis de ADN del Estado chino entre los uigures y otros grupos étnicos.
Cuando mi campaña ‘Alto al Genocidio Uigur’ cuestionó la Universidad de Edimburgo, su respuesta se basó en la afirmación de que no estaba al tanto de los problemas. La Universidad de Exeter dijo que «no se habían planteado ante la universidad ningún reclamo específico sobre la privacidad de los datos».
Es incómodo, pero piénselo un momento. Los principales centros de investigación del Reino Unido trabajan mano a mano con una empresa cómplice del genocidio y su excusa es «No lo sabíamos». Pero, ¿quién puede culparlos, cuando han visto a Whitehall otorgar contratos multimillonarios al gigante del ADN vinculado al PCC?
Intereses empresariales a corto plazo obvian derechos humanos
Lamentablemente, no se trata únicamente del sector universitario. En una declaración profundamente inquietante, Sherard Cowper-Coles, de HSBC, describió al Reino Unido como “débil” por prohibir la operación en el Reino Unidos de las empresas del PCC vinculadas al uso de esclavos uigures y la vigilancia estatal. Más tarde se disculpó, pero el incidente es un claro recordatorio de los compromisos que existen en favor de los intereses empresariales, incluso cuando se entrelazan con una crisis de derechos humanos. Este HSBC es el mismo que respaldó la restrictiva ley de seguridad nacional en Hong Kong, que llevó al encarcelamiento de legisladores, defensores de los derechos humanos y activistas a favor de la democracia.
Igualmente desconcertante es que una firma de asuntos públicos dirigida por Peter Mandelson, una figura influyente en el Partido Laborista, asesore a TikTok, incluso cuando las autoridades globales expresan reservas debido a implicaciones de seguridad y obvios vínculos con el PCC. Todavía es común ver la palabra “Hikvision” en las cámaras de nuestros aeropuertos y estaciones de tren y también en salas de hospitales y patios de escuelas. Cada cámara de Hikvision en el Reino Unido aumenta los ingresos y las ganancias de una empresa que ha sido contratada en China para diseñar, implementar y operar directamente la vigilancia en los campos de concentración donde se encuentran detenidos los uigures.
«El genocidio, como término y realidad, exige respuestas rápidas y concretas»
Sin embargo, sigue faltando la acción. No se ha ordenado la retirada limitada de las cámaras Hikvision de sitios gubernamentales “sensibles” y no existe ningún plan para impedir que organismos públicos y privados canalicen dinero a una empresa cómplice del genocidio. Para los uigures que viven fuera de China, los horrores no son noticias lejanas. Son tragedias personales. Testigos vivos de las atrocidades cometidas contra un pueblo.
Del 25 de junio al 30 de septiembre, el PCC emprendió una campaña de “golpe duro” contra los uigures con la seguridad regional como pretexto. Implican más restricciones a las reuniones, a las prácticas religiosas y culturales y reiterativos allanamientos policiales de hogares uigures. La reciente visita de Xi Jinping y su intención de acelerar la “asimilación” solidifican la política genocida del PCC contra los uigures.
¿Qué tendría que ocurrir para que el Reino Unido y la comunidad internacional sustituyan los intereses a corto plazo con una dedicación firme y decidida de defensa de los derechos humanos? Después del Holocausto, el mundo dijo “nunca más” y esa disposición ha tardado en hacerse realidad. El primer paso es desafiar a quienes, por sus propios intereses materiales, ignoran o niegan el genocidio.
El genocidio, como término y realidad, exige respuestas rápidas y concretas. Nunca complicidad silenciosa. Es hora de que las naciones democráticas y las personas libres determinen su posición y actúen en consecuencia.
Rahima Mahmut es directora ejecutiva de Stop Uyghur Genocide y directora del Reino Unido del Congreso Mundial Uyghur.
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