Por Cambio16
06/10/2017
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El despliegue de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para frenar el referéndum ilegal en Cataluña y la posible implementación de sus resultados seguirá activo al menos hasta el 18 de octubre, una semana más de lo previsto.
Según informa el diario La Vanguardia, el Ministerio de Interior extendió hasta el próximo 18 de octubre la estancia en Cataluña de los allí agentes desplazados, que en principio iban a ser retirados el 11 de octubre.
Esta es la segunda ampliación de la misión contra el referéndum unilateral de autodeterminación en Cataluña —ilegal a ojos del Tribunal Constitucional español—, que en un primer término estaba prevista para terminar el 5 de octubre.
El Ministerio del Interior tiene actualmente desplegados en Cataluña en el marco de la llamada «Operación Copérnico» a unos 6.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la mayor parte de ellos antidisturbios.
Este contingente se une a los 6.000 efectivos que estos cuerpos tienen en Cataluña de forma permanente y a los casi 17.000 integrantes de los Mossos d»Esquadra, a la que los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil acusan de mostrarse muy pasiva a la hora de dar cumplimiento de las órdenes judiciales contra el referéndum.
Apoyo logístico
El Ministerio de Defensa de España ordenó el 3 de octubre el envío de dos convoyes del Ejército de Tierra a Barcelona con tal de garantizar el apoyo logístico a las unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegadas actualmente en Cataluña, informa El Confidencial.
Los convoyes partieron de una base militar de la ciudad de Zaragoza rumbo a Sant Boi del Llobregat —en los alrededores de la ciudad condal—. Madrid ordenó que los militares prestaran apoyo logístico a las unidades de las fuerzas de seguridad españolas que fueron enviadas a Cataluña para impedir la celebración delr eferéndum.
De acuerdo con la información de El Confidencial, el objetivo de esta operación es prestar «los servicios de comida, ropa, lavandería, higiene y duchas» a los policías y efectivos de la Guardia Civil que están teniendo problemas con los alojamientos hoteleros contratados por el Ministerio del Interior y de los que en algunos casos están siendo expulsados.
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