El gobierno en funciones de Pedro Sánchez impugnó ante el Tribunal Constitucional dos resoluciones aprobadas por el Parlament, en el pleno del pasado 25 de julio. Una de ellas trata sobre la iniciativa a favor del derecho de autodeterminación y la otra acerca de una reprobación del Rey Felipe VI.
El Ejecutivo solicitó al alto Tribunal no solo que declare nulas ambas disposiciones, sino que sea de inmediato. La petición de La Moncloa se anunció dos meses después de que se aprobaran ambas resoluciones del Parlament y especialmente después de la convocatoria a la realización de nuevas elecciones generales.
Al término del Consejo de Ministros de este viernes, la ministra portavoz Isabel Celaá ofreció una rueda de prensa, en la cual señaló que también se requiere que todas las resoluciones se notifiquen personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario general de la Cámara y a todos los miembros de la Mesa.
Hoy en el #CMin:
▪Incidentes de ejecución de sentencia ante el TC relativos a #Cataluña
▪RD para la protección consular de los ciudadanos de la UE no representados en terceros países
▪Contratación de coches patrulla para @policiaTodos los acuerdos👇🏻https://t.co/VaJICbSZ5d
— La Moncloa (@desdelamoncloa) 4 de octubre de 2019
Subrayó que el gobierno desea que la dirección del Parlament sepa “que deben impedir cualquier actuación que eluda las sentencias”. Además, se “les apercibirá de sus responsabilidades”, puntualizó Celaá.
La funcionara negó que esta decisión se haya tomado en estos momentos por motivos electoralistas. Y aseguró que la presentación de las impugnaciones requerirá de una preparación jurídica interna. «El gobierno ha determinado que este era el momento oportuno. Es tema es suficientemente riguroso y serio como para que el Consejo de Ministros se haya tomado su tiempo», comentó.
Figura del “desacato” al Tribunal Constitucional
De otro lado, el ministro de Agricultura, Luis Planas, precisó que un incumplimiento de los mandatos del Tribunal Constitucional podría acarrear consecuencias penales para los miembros de la Mesa. Específicamente hizo referencia a la figura delictiva del “desacato”.
En el pleno del 25 de julio, la Cámara catalana se ratificaba “en la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Catalunya”. El acuerdo se aprobó con los votos de los partidos independentistas y de los Comuns. En ese mismo acto, se aprobaron con igual mayoría las propuestas de resolución presentadas por la CUP y por ERC , en las que se reafirma la reprobación al rey Felipe VI. Así mismo se propugna la abolición de la institución monárquica.
Celaá recordó que con antelación el Tribunal Constitucional emitió dos fallos en los años 2015 y 2018 contra acuerdos del Parlament, a favor del derecho de autodeterminación. Y que este mismo emitió una sentencia a favor del Rey ante otras propuestas críticas contra la monarquía aprobadas por la Cámara catalana. La ministra añadió que por esta razón el gobierno se inclinó por interponer los incidentes de ejecución de sentencia en esos procedimientos ya resueltos.
El gobierno de Pedro Sánchez aún debe decidir si se utilizará una vez más la vía del incidente de ejecución de sentencia, o, por el contrario, se optará por un recurso corriente. De ser así, se requerirá del previo dictamen del Consejo de Estado.
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