En medio de una profunda contracción de la economía, estimada entre 10,5 y 12,6% al cierre del año, y que pudiera extremarse conforme avanza la segunda ola de la pandemia, el Gobierno anunció la subida de varios impuestos para conciliar las cuentas públicas de los Presupuestos Generales de 2021. En línea están los aumentos en las tasas del IRPF, sociedades y patrimonio.
El proyecto legislativo, que será remitido este miércoles al Congreso, contempla alzas impositivas. Y supone “el mayor gasto público de la historia”, dijeron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Alcanzará los 239.765 millones de euros, 10,3% más que los anteriores.
La propuesta, ya avalada en Consejo de Ministros, determina un incremento del IRPF para las rentas altas, tanto del trabajo como del capital.
El ajuste del IRPF afectará a los españoles con ingresos superiores a los 200.000 euros anuales. Aumentará en 3 puntos a los que ganen 200.000 y 2 puntos a los que lleguen a 300.000 euros al año. Queda por lo tanto por debajo del acuerdo del Gobierno, entre sus socios PSOE y Podemos, que reflejaba un alza impositivo para las rentas superiores a 130.000 euros.
El impuesto de sociedades aumenta para los grandes grupos empresariales y limita las exenciones por dividendos y plusvalías de sus filiales en el exterior. Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) tendrán una tributación mínima del 15%.
Asimismo, dentro del paquete de ajustes tributarios, el Gobierno aumentará un 1% el impuesto al patrimonio para quienes tengan más de 10 millones de euros. Se anunció que la recaudación sería transferida a las comunidades autónomas. Las bebidas azucaradas también aumentarán su tasa impositiva del 10 al 21% de IVA.
Aumentan los impuestos y el gasto público
El plan, que implica también mayores desembolsos para las arcas públicas y el aumento de impuestos, ocurre horas antes de solicitar al Congreso la extensión por 6 meses del estado de alarma. Incluso, a pesar de las declaraciones preocupantes de Sánchez al advertir que vendrán «semanas muy duras» por la crisis sanitaria. Sin embargo, durante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales, Sánchez aupó una posición más enérgica para salir adelante.
«Tras el durísimo golpe de la pandemia, podíamos replegarnos en la austeridad y los recortes o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía», dijo.
Sánchez e Iglesias insistieron en que se proyecta el mayor gasto público de la historia, en 239.765 millones de euros. Se traducirá, entre otras cosas, en un refuerzo a la sanidad con un 151,4% de inversión más que en los actuales presupuestos, que equivalen a 3.064 millones de euros. Otros 2.440 millones se destinarán a la compra de vacunas y a la atención primaria.
Los presupuestos prevén el refuerzo de la atención sanitaria, con un aumento de dotación del 46%, 600 millones de euros, con los que se pretenden reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones.
Además, se dedicarán 700 millones de fondos europeos a mejorar la atención a personas mayores, con el objetivo de transitar de un modelo de residencias a otro de atención domiciliaria.
Se elevan las pensiones y reforman el IMV
En los anuncios oficiales sobre el aumento de los impuestos y del gasto público, se indicó que se apuntalará la protección social con 2.000 millones. Las políticas activas de empleo se verán incrementadas en 200 millones y el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), al que están referenciado ayudas, prestaciones y becas, subirá un 5% .
Al mismo tiempo, 9,76 millones de pensionistas y empleados públicos verán incrementada sus ingresos un 0,9% y las pensiones no contributivas crecerán al 1,8%.
De otra parte, se reformará el ingreso mínimo vital porque «no se han hecho las cosas bien, no está llegando a quien lo necesita», destacaron los voceros. Se amplía su cobertura: se hace permanente la posibilidad de solicitarlo teniendo en cuenta los ingresos del año en curso. Se reduce de 3 a 2 años de vida independiente para menores de 30 años. Y se permite que servicios sociales acrediten algunos de los requisitos. En concreto, 3.017 millones de euros irán destinados a mejorar y blindar este derecho.
Sánchez e Iglesias manifestaron que este proyecto, basado en aumentos de impuestos y de gasto público, está dirigido a la reconstrucción tras la crisis sanitaria, económica y social causada por la COVID-19.
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