Por Cambio16
16/08/2017
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El Gobierno ha activado este miércoles noche el arbitraje obligatorio para resolver el conflicto en el aeropuerto Barcelona-El Prat.
Reunido en Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha acordado dar un «plazo máximo de 24 horas» a Eulen, a cargo de la Seguridad en los controles de pasajeros, y sus trabajadores para consensuar un árbitro que dicte un laudo de obligado cumplimiento para las partes.
Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al encuentro extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, que ha abordado este asunto, tras valorar la situación en el aeropuerto ante una huelga de 24 horas indefinida y tras haber fracaso la mediación.
De la Serna ha explicado que la decisión del arbitraje deberá ser resuelta en el plazo de 10 días desde su designación, plazo que empezará a contar al día siguiente, y ha reiterado que si no hay consenso entre las partes sobre un árbitro, éste será designado a propuesta del Ministerio de Fomento y comunicado a las partes.
El titular de Fomento ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el «más escrupuloso respeto al derecho de huelga».
En el caso de que no lo consigan, Fomento asignará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones y se adoptará una decisión en un plazo máximo de diez días.
El arbitraje
La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se ha adoptado al concurrir una serie de «circunstancias», ha explicado el ministro.
Entre estas circunstancias figuran la duración de la huelga y las «posiciones irreconciliables» que han mantenido las partes durante el proceso de mediación.
De la Serna también ha aludido al «perjuicio para la economía nacional» derivado del conflicto debido a su afección en el turismo nacional a nivel de empleo, de reputación, «deterioro de la Marca España» e impacto en sectores vinculados al turismo.
El ministro ha subrayado que este acuerdo tiene «carácter excepcional» y que no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones porque las empresas subcontratadas son diferentes.
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