El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con una batería de medidas para impulsar, «de forma ordenada y rápida», la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable «y favorecer la reactivación económica». Además se busca poner coto a la especulación y pinchar la burbuja en la solicitud de permisos de acceso a la red eléctrica.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, explicó que la norma tiene como objetivo «activar las palancas para impulsar la inversión verde«, en línea con lo que se está haciendo en el contexto europeo «y en España».
«España está preparada para una nueva revolución industrial, como es la verde», para la generación de empleo, la mejora de la resiliencia económica, la reducción dela dependencia energética del exterior y la consecución de un medioambiente y un aire más limpios«, agregó
Cuatro líneas de acción
La norma promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuenta con cuatro bloques principales:
- La normativa para el acceso y la conexión a la red y regulación de un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable
- El impulso de nuevos modelos de negocio, como la agregación de la demanda, el almacenamiento, la hibridación y la regulación de las comunidades de energía renovables.
- La eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
- Medidas para el impulso de la actividad y el empleo en respuesta a la crisis de la COVID-19.
Garantías para la transición energética
En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Estas dos autorizaciones son necesarias para que los promotores pongan en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes. Se busca evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.
En la actualidad existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) –320MW en el año 2019 y 108MW en 2020–. Hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas. Esto se debe a la escasa madurez de los proyectos.
Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
Para evitarlo, Transición Ecológica ha establecido una serie de hitos administrativos sucesivos que habrán de cumplir los solicitantes para que sus permisos no caduquen. Los titulares tendrán que ir cumpliendo cada uno de esos hitos en los tiempos fijados. De hacerlo, los permisos otorgados caducarán de forma automática con la ejecución de los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización.
Nuevo sistema de subastas
Otro aspecto clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables. Este programa deberá, de un lado, ofrecer previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables. Por el otro, trasladar a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico.
En nuevo marco, el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes. Podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros.
También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.
Tramitación simple y ágil
El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada. Elimina barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial. También se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución.
Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, «permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada».
Nuevos modelos de negocios
En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio. Estos serán claves en la transición energética. Además, ofrecen oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad.
Tal es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma. Ello permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación.
Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes. También se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.
Reducir impacto de la crisis
Para facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW). Estos son fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.
Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.
Y, por último, la creación del Instituto de la Transición Justa hará posible el despliegue y la financiación de proyectos de energías renovables que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en que se estén cerrando centrales térmicas de carbón.
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