Reciente está el acalorado reclamo de vecinos y alcaldes por el vertiginoso declive de la presa de Ricobayo (Zamora) en niveles históricos. El Ministerio para la Transición Ecológica, atento a lo sucedido, abrió expedientes a las empresas que gestionan los embalses vaciados de las cuencas hidrográficas. En específico las de Duero, del Tajo y del Miño-Sil por la explotación hidroeléctrica de sus aguas.
Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, informó la apertura de averiguaciones a través de las confederaciones hidrográficas. Luego de un encuentro con los alcaldes de los municipios afectados por el vaciado de la presa de Ricobayo. Allí se ha iniciado uno de los expedientes por «mala praxis» en la gestión.
Morán dijo que en esas tres demarcaciones hidrográficas hay embalses en los que se han producido unos niveles de explotación «por encima de lo que sería recomendable en estas fechas».
En el caso de Ricobayo, el nivel del embalse pasó del 95% al 11 % de su capacidad en cuatro meses, coincidiendo con los precios máximos de la electricidad y cuando la alta temperatura marcó récords.
Además, dijo el secretario que hay que ver «si se ha superado lo que el sentido común recomienda cuando se gestiona un recurso público tan sensible como el agua».
Recordó que no se trata de una situación exclusiva de ese embalse zamorano. También se ha dado en otros como «consecuencia de regímenes de producción eléctrica por encima de lo que son habituales en estas fechas». Algo que «probablemente» se debe a la situación del mercado energético.
«Si se constata que hubiera una mala praxis» en la gestión del embalse, se pondrá en marcha «el mecanismo sancionador correspondiente. Y las sanciones a las que pudiese haber lugar», afirmó.
Embalses vaciados, sobreexplotación, mala praxis
En la reunión para analizar el impacto del vaciado de los embalses, Morán admitió que las condiciones de algunas concesiones hidroeléctricas se fijaron cuando no era tan visible el impacto del cambio climático. Por lo que se adaptarán a la nueva situación en los nuevos planes de cuencas que están en exposición pública y se aprobarán a mediados de 2022.
Se refirió a la realidad del cambio climático, el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de lluvia. Factores que incidirán en la menor disponibilidad de agua que auguran todos los escenarios a medio y largo plazo. Y que afectarán a los usos en las distintas cuencas hidrográficas y a los derechos de explotación y de aprovechamiento de un recurso cada vez más escaso. “Todos los usos económicos tienen que atender a esa realidad”, emplazó.
Morán también explicó a los alcaldes que la planificación hidrológica de tercer ciclo diseñada por el Ministerio para el período 2022-2027 contempla medidas de adaptación al cambio climático. Y criterios de gestión ambiental para cada demarcación.
En ese sentido, adelantó que este “es el momento de incorporar nuevas garantías y límites ecológicos de caudales mínimos a todas las masas de agua. Para atender a la realidad del cambio climático y escenarios de reducción de la disponibilidad hídrica en España, superiores al 15% a medio plazo. Y entre el 35 y el 40% en un horizonte de largo plazo”.
Manifestó que “las concesiones hidroeléctricas también tienen que adaptarse a la nueva realidad del cambio climático. No podemos ampararnos en derechos concesionales emitidos décadas atrás”. Cuando la actual crisis climática no aparecía en el horizonte ni en las políticas de planificación hidrológica.
Naturgy se enfrenta al Gobierno
El enfrentamiento no queda solo entre alcaldes, vecinos y ahora el gobierno en contra de las empresas que han gestionado el vaciado de los embalses. Ahora, Naturgy exige al Ministerio que dirige Teresa Ribera, una compensación millonaria por la menor producción de energía obtenida entre 2017 y 2019.
Explica la empresa energética que la exigencia es por una decena de centrales hidroeléctricas del grupo en Galicia que tuvieron que liberar agua (un bien público) para respetar los caudales ecológicos determinados por la Administración, reseña elDiario
La compañía presenta ante esa instancia oficial cinco reclamaciones de responsabilidad patrimonial por supuestos perjuicios generados a una decena de centrales por los caudales ecológicos fijados por la Administración y cifra en 17,3 millones los daños sufridos
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