La ONG Global Witness reveló que en 2019 se registraron, al menos 212 homicidios a ecologistas en el mundo. Líderes y campesinos que dieron hasta sus vidas en la defensa de la tierra y el medio ambiente. Activistas contrarios a la deforestación, la minería ilegal y proyectos agroindustriales depredadores.
Esta cifra roja, lamentable, es por demás un nuevo récord de asesinatos que engrosan estas penosas estadísticas, difundidas por la ONG británica. De ese total, casi un tercio se reportaron en Colombia.
En sus ediciones anteriores, como en la de 2020, Global Witness repasa el mapa de los ecologistas agredidos. Al echar un vistazo a los documentos, Guatemala y Honduras despuntaron como los países con mayores agresiones contra los defensores de la tierra. Ahora, Colombia y Filipinas resultan los más asediados.
El reporte también resalta el importante papel que ocupan estos defensores en la lucha contra el cambio climático, oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible.
Advierte la organización cómo, bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento por la COVID-19, la protección de los activistas es más crítica para la reconstrucción de un planeta más verde.
En promedio, cuatro defensores fueron asesinados cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015. Además, refiere que un incontable número de homicidios son silenciados mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales.
Global Witness reporta homicidios ecologistas
El informe de Global Witness refleja de forma impactante que más de la mitad de todos los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países. Colombia, con el mayor número registrado: 64 homicidios en un año. Y Filipinas, que aumentó de 30 asesinatos en 2018 a 43 en 2019. Es probable que, en el ámbito mundial, el número real de homicidios haya sido mucho mayor, ya que normalmente los casos no son documentados.
Estas muertes incluyen a Datu Kaylo Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal en la zona. Como líder de Manobo, fue una de las muchas personas indígenas víctimas de estos crímenes en 2019. Defendía su derecho a la autodeterminación y protegía sus tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales.
La minería fue el sector más letal de todos, con 50 personas defensoras asesinadas en 2019. Mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza, particularmente en Asia, donde el 80% de los ataques producidos estuvieron relacionados con este sector.
En Rumania las amenazas y los ataques también han aumentado, incluyendo el asesinato de Liviu Pop, un guardaparques que trabajaba protegiendo uno de los bosques primarios climáticos más grandes de Europa. Liviu fue asesinado a tiros por proteger árboles en un país donde el crimen organizado está diezmando estos bosques.
Héroes desconocidos, idealistas asesinados
Entre los activistas que aún sostienen su lucha y están bajo amenaza se encuentra Angélica Ortiz, prominente defensora Wayuu de La Guajira. Durante años se ha opuesto a la mina de carbón más grande de América Latina, como parte de los esfuerzos para proteger el derecho al agua de las comunidades que viven en una de las regiones más pobres de Colombia. Por esta labor, ha sido amenazada y hostigada.
Rachel Cox, encargada de campañas de Global Witness, analiza los detalles del documento.
“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”, dice
Argumenta que “si realmente queremos hacer planes para un mundo mejor, debemos abordar las causas de los ataques, de los homicidios, contra las personas defensoras. Y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático».
Junto a la afectación de pueblos y comunidades indígenas por el colapso climático, las cifras de 2019 exponen que más de una de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres. Las defensoras enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras, y normalmente no se denuncia.
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