Por Cambio16
25/07/2017
El Gobierno le había dado un ultimátum y, a última hora de ayer, la Generalitat de Cataluña contestó in extremis al requerimiento del Ministerio de Hacienda que le exigía aclarar a qué había destinado 6.150 euros, por la sospecha de que pudieron haberse dirigido a la financiación del referéndum independentista del próximo 1 de octubre.
Pero según explicó en un escrito la interventora general de la administración catalana, Rosa Vidal Planella, la partida correspondió al mantenimiento ordinario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI). Fuentes de la Conselleria de Economía a las que citan medios catalanes han explicado que procede de un montante destinado al mantenimiento de un sistema de gestión informática: «Se trata de un tema de mantenimiento ordinario que no tiene nada que ver con el referéndum».
El Ministerio de Hacienda había enviado ayer mismo un segundo requerimiento a Planella, en el que le advertía de que podía incurrir en responsabilidades penales si en 24 horas no explicaba a qué obedecía el desvío de 6.150 euros del presupuesto y si esa partida estaba vinculada a la celebración de un referéndum de independencia.
De hecho, fue esta partida detectada por Hacienda la que llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno a aprobar el pasado viernes un acuerdo por el que condicionaba el pago a Catalunya de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum.
El Gobierno estudiará la información de la Generalitat
Desde la Generalitat han defendido que han contestado a tiempo el requerimiento, una vez recibió la carta en la que se le requería justificar a qué se habían destinado los 6.150 euros. Las mismas fuentes han recordado que la Generalitat está intervenida desde 2012 y que desde entonces facilitan la información financiera de forma mensual, algo que desde el viernes pasado, tras el acuerdo del Gobierno central, pasará a ser semanal.
Desde el Gobierno central han asegurado que estudiarán la información facilitada por la Generalitat para comprobar su veracidad.
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