Para evitar y sancionar los daños graves que se causen al medioambiente, el Gobierno de Francia anunció la tipificación del «delito de ecocidio». La figura se deriva de una propuesta de la Convención Ciudadana por el Clima y por iniciativa de la ciudadanía dañar el medio ambiente será ilegal será castigado con multas de hasta 4,5 millones de euros y un máximo de 10 años de prisión.
Aunque la propuesta hablaba de «crimen de ecocidio», las autoridades optaron por la formulación legal de «delito de ecocidio». Cuando ministra de Ecología, Barbara Pompili, y el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, hicieron el anuncio, Dupond-Moretti explicó que existe un problema de constitucionalidad respecto a la palabra «crimen» . «Al entusiasmo ciudadano expresado debe sucederle una traducción jurídica en el código penal», agregó.
Los delitos son las actividades ilegales más graves en Francia y los crímenes son considerados menos graves. Algunos ambientalistas han cuestionado la decisión. Consideran que no va lo suficientemente lejos en cuanto a la gravedad del ecocidio. Muchos creen que muchos continuarán identificando los daños más graves a los ecosistemas como faltas menores. Otros piensan que la manera de crear la ley podría permitir a las grandes empresas encontrar lagunas para que un daño ambiental grave escape al castigo. También la critican por ser una versión «menos ambiciosa» que la propuesta ciudadana original.
Como un primer paso y como consecuencia del instrumento legal, será ilegal en Francia dañar el medioambiente. Se castigará con multas de hasta 4,5 millones de euros y 10 años de prisión.
Escuchar la voz de los ciudadanos
La Convención Ciudadana por el Clima (CCC) incluyó la criminalización del ‘ecocidio’ en sus recomendaciones al gobierno a principios de año. Un grupo de 150 ciudadanos franceses seleccionados al azar votó sobre propuestas para combatir la crisis climática y entre las propuestas se encontraba una sugerencia para hacer del «ecocidio» (daños extensos a los ecosistemas) un delito punible por la ley.
El presidente Emmanuel Macron convocó a la CCC en 2019 tras el movimiento de los chalecos amarillos. «No incluimos suficientemente a nuestros conciudadanos en la construcción transparente y debatida de las soluciones que planteamos. Esa es la idea detrás del proceso de la Convención Ciudadana», dijo Macron en enero.
Los 150 miembros fueron seleccionados utilizando números de teléfono generados aleatoriamente y están compuestos por un grupo diverso de entre 16 y 80 años. Macron les asignó la tarea de definir acciones climáticas que conduzcan a una reducción de «al menos el 40% de las emisiones para 2030, «con el espíritu de justicia social».
Castigar los daños al ambiente
En la vanguardia de las sugerencias de la CCC estaba un llamado a que el «ecocidio», o el daño extenso de los ecosistemas, fuese un crimen en Francia.
Hacer del «ecocidio» un crimen permitiría que los «límites planetarios» para el calentamiento global, como el máximo de 1,5 propuesto por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), fueran aplicados por una «autoridad superior» responsable de proteger el medio ambiente, explicó la CCC.
La nueva ley castigará a quienes cometan el «delito general de contaminación». El castigo que se imponga dependerá de si el agresor tuvo la intención de dañar el medio ambiente o si fue el resultado de una imprudencia.
Esto significaría que cualquier actividad humana que cause daños importantes a los ecosistemas o ponga en peligro especies animales será delito. Los directores ejecutivos de empresas o ministros de gobierno que causen la destrucción del medio ambiente, por ejemplo, serían responsables penalmente.
El gobierno también está considerando un segundo delito de «poner en peligro el medio ambiente». Recibiría castigos menos severos, incluso si aún no se ha cometido un delito ambiental. Dupond-Moretti agregó que Francia creará otros tribunales ambientales para ayudar a manejar los nuevos casos.
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