La Fiscalía General del Estado emitió este martes un instructivo dirigido a agilizar la actuación judicial en las “okupaciones” ilegales de viviendas. En el instructivo nº 1/2020, avalado por la fiscal Dolores Delgado, se fijan los “criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles”.
Señala la medida que los llamados “okupas” se valen de la delincuencia organizada para acechar a los propietarios de viviendas. A través de estas acciones ilegales “generan una preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía”. Además de “los perjuicios que estas acciones ocasionan a los titulares de los inmuebles ocupados, se unen los problemas de convivencia a que pueden dar lugar en el entorno social en que se producen”.
En ese sentido, la Fiscalía informa que la instrucción “tiene por objeto que los fiscales refuercen su intervención en defensa de los derechos de las víctimas”. Así como de “los perjudicados por estos delitos».
El propósito es «recurrir con la mayor inmediatez a las herramientas legales disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, capaces de restablecer el legítimo derecho del denunciante. Por tanto, evitar la persistencia en el tiempo de la conducta delictiva en tanto se tramita el correspondiente procedimiento».
Las okupaciones en Madrid se canalizan por el 122
En su plan de gobierno 2019-2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid se comprometió a “combatir la ‘okupación’ y las mafias que se lucran de esa práctica”. El confinamiento no inmovilizó a los asaltantes de viviendas, sino los avivó. Ante el creciente número casos, Isabel Díaz Ayuso incorporó a la línea telefónica 122 de Emergencias, la atención permanente de estas denuncias.
El 1-2-2 es un servicio gratuito y activo las 24 horas del día y todo el año. Ayuda a la comunidad en casos de accidentes, siniestros y todo tipo de emergencias. Ahora se incluirán las ocupaciones que tanto han aumentado.
En sus anuncios sobre medidas sanitarias, fiscalidad, libertades públicas, derechos ciudadanos, informó sobre la creación de una Oficina regional contra la ocupación. Este centro dará asesoramiento a los ciudadanos y trasladará esos casos a la Fiscalía o la Delegación del Gobierno.
El Sistema Estadístico de Criminalidad, adscrito al Ministerio del Interior, señaló que en 2019 fueron usurpados 14.621 inmuebles. Mientras en el primer semestre de 2020, se observó un repunte con 7.450 denuncias. En el caso de Madrid, se reportan 4.200 viviendas ocupadas.
Una de las localidades más afectadas es Tetuán, donde el consejero de Vivienda y Administración Local de Madrid, David Pérez, ha remodelado estructuras que eran sujetas de estas acciones, colocándoles puertas antivandálicas y el chapado de las ventanas
Mafias detrás de viviendas usurpadas
Las autoridades de la Comunidad de Madrid exigen al Gobierno las reformas legislativas necesarias para agilizar los desalojos de viviendas ocupadas. También la recuperación por sus legítimos propietarios y trabajaremos en colaboración con la policía local para evitarlo. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha señalado que con las actuales leyes es factible acometer esas ocupaciones. Cifras oficiales advierten que de las 4.200 viviendas ocupadas, alrededor de la mitad son del parque de la Agencia de la Vivienda Social.
Desde que se inició la legislatura se han incoado 650 expedientes para la recuperación de viviendas y locales públicos. La Agencia de la Vivienda Social ha recuperado 233 pisos y locales. Asimismo, se han remitido 329 expedientes a los juzgados para recuperar más viviendas públicas.
Frente a las usurpaciones de pisos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentó la semana pasada un plan antiokupación. Por un monto de 1,5 millones de euros para la recuperación de diversos inmuebles municipales ocupados de forma ilegal.
Por otra parte, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, señala que 80% de los ocupas tienen antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular en España. Según datos de 2018, el 81% de los usurpadores son de origen extranjero, siendo en su mayoría procedentes de la República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.
La Policía Nacional estima que hay al menos 20 grupos mafiosos dedicados a la okupación de viviendas. Algunos ciñen esta actividad delictiva en un único distrito de la capital y otros se dedican a buscar pisos por la periferia.
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