Este lunes, la Fiscalía General del Estado, ha presentado la memoria del año 2018, en la que se recoge un incremento del 23,2% de los procedimientos iniciados por delitos sexuales respecto al ejercicio pasado. Un porcentaje que representa 18.986 casos. Para María José Segarra, la Fiscal General, es una “preocupante” tendencia y toma en consideración como la resolución de casos notorios como el de La Manada puede influir en la imagen que se tiene de la Justicia.
“Las sentencias dictadas durante el pasado ejercicio en un conocido caso de agresión sexual en grupo nos invitan a reflexionar sobre la norma penal, sobre su interpretación y aplicación práctica, sobre el tratamiento informativo de este tipo de asuntos, y sobre la necesidad de mejorar la comunicación desde el sistema de Justicia”, ha dicho Segarra.
En ese sentido, Segarra ha defendido que del Ministerio Fiscal se había sostenido que el caso de La Manada era “una agresión sexual y no un abuso sexual”, mientras que reiteró el “compromiso” del organismo para colaborar con “la mejora de la regulación actualmente vigente, que facilite su aplicación práctica de una forma comprensible para la ciudadanía”.
El #MinisterioFiscal ha mantenido desde el primer momento la misma postura, que finalmente ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, sobre un conocido caso de agresión sexual en grupo, considerando que “nos encontrábamos ante una agresión sexual y no ante un abuso sexual”. pic.twitter.com/bLDoK3thPX
— Fiscalía General (@fiscal_es) September 9, 2019
Nuevas formas de violencia
Entre sus consideraciones, la Fiscalía toma en cuenta “la importante movilización social desplegada frente a determinados actos violentos y ataques contra las mujeres, especialmente contra su libertad sexual, reclamando una mejora de lo que se consideraba como una deficiente respuesta judicial”. Además, en el documento presentado por la Fiscal General, María José Segarra, se reflexiona sobre el papel de la tecnología y las “relaciones virtuales” en la forma de manifestarse la violencia de género.
“Esta transformación influye necesariamente en la forma de manifestarse la violencia permitiendo nuevas vías de control, persecución o acoso con un resultado que, en muchos casos, es más extenso, dañino y duradero, y contra el que es más difícil luchar”, se asegura en el informe. En ese sentido, se explica que se encuentra “alguna dificultad para incardinarlas dentro de los tipos penales específicos”.
Otra de las preocupaciones del Ministerio es el incremento de la violencia entre los jóvenes, “especialmente en los casos de delitos de naturaleza sexual ejercida en grupo”. Para la Fiscalía, esta clase de delitos sexuales es un fenómeno que “guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes, donde se representa a la mujer cosificada” y hay que afrontarlo “desde el ámbito educacional, en el que padres y administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación”.
Aumento de las denuncias
En cuestión de violencia de género, en el 2018 se dictaron 41.000 sentencias en la materia y de ellas, 29.000 fueron condenatorias. De esas, 17.000 fueron por conformidad del acusado. También hubo un aumento del 2% en medidas cautelares solicitadas (45.045 en el año 2018).
El año pasado, sin embargo, hubo una mínima reducción de mujeres fallecidas: 49 en comparación con las 53 de 2017. Sin embargo, de esas 49, 16 habían denunciado previamente. “Las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías desde hace algunos años apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, lo que debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional”, señala Segarra.
Por otra parte, la Fiscalía también resalta que el aumento de los casos de delitos sexuales se puede deber a que las víctimas tienen más confianza a la hora de denunciar. “La repercusión mediática y social que han tenido determinados procedimientos puede haber fortalecido a las víctimas animándolas a denunciar al sentirse apoyadas por las manifestaciones públicas de colectivos en repudia de estos delitos, por lo que hechos que anteriormente no se habrían denunciado ahora sí lo son”, se puntualiza en la Memoria.
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