Sigue la pugna en la política estadounidense debido a la denuncia de fraude electoral del presidente Donald Trump. William Barr, fiscal general de Estados Unidos y ministro de Justicia, le ordenó al Departamento de Justicia que use los recursos a su alcance para investigar si hubo fraude en la votación del 3 de noviembre, como sostiene Trump y por lo que ha presentado demandas en Míchigan, Wisconsin, Pensilvana y Georgia.
Barr les comunicó el lunes a los fiscales que debían investigar “acusaciones sustanciales de irregularidades en la tabulación de votos y en las votaciones” antes de certificar los resultados de las jurisdicciones.
El fiscal admite que se trata de un movimiento sin precedentes, pero afirma que en medio del contexto actual el Departamento de Justicia no puede actuar de forma “pasiva y lenta”. En los próximos días los resultados deberían quedar certificados. Sin embargo, todavía están contando votos en Georgia, Arizona y Carolina del Norte, entre otros estado. El 20 de enero será cuando el nuevo presidente asuma el cargo.
Entre el apoyo y el rechazo
Pocas horas después de que Barr emitiera la orden, el funcionario del Departamento de Justicia que se encarga de supervisar las investigaciones de fraude electoral, Richard Pilger, dimitió como forma de protesta. Pilger declaró que no está de acuerdo con lo que calificó como un ataque de Barr. La investigación ordenada va en contra del «principio de no interferencia en las investigaciones de fraude en las papeletas electorales en el período anterior a que las elecciones sean certificadas y no hayan sido impugnadas».
Por otro lado, el líder republicano y senador Mitch McConnell aseguró que el presidente Trump tiene el derecho de que se investiguen todas sus denuncias de fraude, aunque de momento las pruebas sean pocas y no basten para cambiar el resultado en los estados que necesita para imponerse sobre Biden.
Pero Trump no declina. Antes de que Barr anunciara las investigaciones, la campaña del presidente ya había fichado a un equipo de abogados para impugnar los resultados. Son servicios costosos, por eso el presidente ha pedido donaciones para pagar sus gastos y cancelar la deuda que tiene pendiente tras la campaña.
Respaldo de las denuncias
Trump no está solo en su exigencia. Kayleig McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y el asesor general de la campaña de Trump, Matt Morgan, también alertaron sobre un fraude electoral generalizado. Exigen la máxima transparencia, que cada voto legal sea contado y que los votos ilegales se descarten.
Asimismo, McEnany afirmó que el Partido Demócrata se opone a realizar una verificación de los datos como identificación, nacionalidad, legibilidad, firmas, residencia. Agregó los demócratas mantuvieron a los observadores electorales republicanos fuera de los salas de conteo.
Jason Miller, asesor de la campaña de Trump, insistió en que no piensan admitir la derrota. Recalcó que seguirían adelante presentando demandas y recurriendo a todos los métodos de recuento posibles. Su objetivo seguirá exponiendo e investigando todos los casos de fraude y abuso para garantizar que los estadounidenses pueden confiar con plenitud en los resultados.
La postura de Joe Biden
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra estudiando las medidas legales que se pueden aplicar para obligar al presidente Donald Trump a que deje de bloquear la transición. El equipo del líder demócrata cree que ha llegado el momento de que la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) confirme la victoria de Biden y de la vicepresidenta electa Kamala Harris.
La Administración de Servicios Generales es un organismo que depende del Gobierno y cuya certificación rutinaria del ganador de las elecciones permite al equipo del presidente electo acceder a recursos y agencias gubernamentales para prepara la transición. Sin embargo, este se ha negado a hacerlo ante la insistencia de Trump en no aceptar su derrota.
Los congresistas demócratas con jurisdicción sobre la GSA también le han reclamado a la administradora del organismo, Emily Murphy, que deje de bloquear la transición. Murphy fue nombrada por Trump en 2017. Sin esta certificación el equipo de Biden no puede acceder a información clasificada detallada; tampoco puede enviar representantes para integrarse en las agencias gubernamentales o contar con el apoyo del Departamento de Estado para realizar llamadas con líderes extranjeros.
«Acusaciones infundadas de fraude»
La misión electoral internacional enviada a Estados Unidos por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dice que la votación resultó empañada. Los factores fueron «inseguridad jurídica y los intentos sin precedentes de socavar la confianza pública».
El informe preliminar se publicó en menos de 48 horas después del cierre de los recintos de sufragio. Eso sí, la OSCE reconoció que la votación fue competitiva y «bien administrada», a pesar de los desafíos presentados por la COVID-19.
La campaña se caracterizó por una polarización política profunda que a menudo opacó el debate político. Asimismo señaló que las denuncias de fraude sin evidencia del presidente Trump dañan «la confianza en las instituciones democráticas».
Los estados tienen hasta el 8 de diciembre resolver las disputas electorales, incluyendo los recuentos e impugnaciones judiciales sobre los resultados. Los miembros del Colegio Electoral se reunirán el 14 de diciembre para formalizar el resultado y esperar hasta enero, cuando se asume oficialmente el cargo el nuevo presidente
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