Por Cambio16
25/01/2017
La organización de consumidores FACUA ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las desproporcionadas subidas de la luz que se están produciendo durante este mes de enero y que este miércoles tendrá uno de sus picos más altos.
Según ha informado en una nota, la asociación ha remitido un escrito a la CNMC en el que le solicita que investigue para intentar aclarar si las eléctricas están operando dentro los márgenes que les permite la legislación o, por el contrario, «se están manipulando al alza los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales».
FACUA recuerda que hay antecedentes que inducen a sospechar: en 2015, la CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la diminución la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. La asociación consideró ridícula la cuantía de la multa y advirtió de que no tenía un efecto disuasorio para evitar que se repitiesen fraudes de esta envergadura.
El pasado junio, Iberdrola fue multada en EEUU con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista, lo que supuso un encarecimiento muy elevado de la factura para los consumidores de California.
Se esté o no produciendo un fraude en la actualidad, FACUA reivindica «un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Considera que «la liberalización energética ha sido una gran estafa para los consumidores, asevera la asociación, que recuerda que España es uno de los Estados miembro de la Unión Europea con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética».
FACUA exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. La asociación denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.
Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.
Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
La organización de consumidores FACUA ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que abra una investigación formal sobre las desproporcionadas subidas de la luz que se están produciendo durante este mes de enero y que este miércoles tendrá uno de sus picos más altos.
Según ha informado en una nota, la asociación ha remitido un escrito a la CNMC en el que le solicita que investigue para intentar aclarar si las eléctricas están operando dentro los márgenes que les permite la legislación o, por el contrario, «se están manipulando al alza los precios artificialmente mediante prácticas como la disminución de la producción de determinadas centrales».
FACUA recuerda que hay antecedentes que inducen a sospechar: en 2015, la CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por haber manipulado de manera fraudulenta los precios de la electricidad mediante la diminución la producción de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. La asociación consideró ridícula la cuantía de la multa y advirtió de que no tenía un efecto disuasorio para evitar que se repitiesen fraudes de esta envergadura.
El pasado junio, Iberdrola fue multada en EEUU con 370 millones de dólares (unos 320 millones de euros) por haber alterado artificialmente la cotización de la luz en el mercado mayorista, lo que supuso un encarecimiento muy elevado de la factura para los consumidores de California.
Se esté o no produciendo un fraude en la actualidad, FACUA reivindica «un cambio en el modelo de fijación de precios, ya que el mecanismo facilita la especulación y conlleva la injustificada carestía de las tarifas». Considera que «la liberalización energética ha sido una gran estafa para los consumidores, asevera la asociación, que recuerda que España es uno de los Estados miembro de la Unión Europea con las tarifas más caras y los niveles más altos de pobreza energética».
FACUA exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos. La asociación denuncia que hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios.
Se trata, advierte FACUA, de un sector donde nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos.
Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, impropio de un servicio esencial. En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor.
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