A los exjefes de Estado y de gobierno participantes de IDEA (la Iniciativa Democrática de España y las Américas) les preocupa que se trate de imponer en América Latina el derecho de cada país de calificar su régimen como democrático, y que denominan “democracia al detal”. “Se destruiría de raíz el patrimonio intelectual democrático de la región y los fundamentos del Sistema Interamericano”, advierten.
A propósito del discurso del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Permanente de la OEA, los ex mandatarios saludan la propuesta de profundizar en el debate sobre la democracia, pero «lejos de autocracias y dictaduras». Les preocupa que se pretenda que América Latina se decante por el planteamiento de Rusia y China del 4 de febrero, el cual establece el derecho de cada gobierno de calificar su gobierno como democrático, aunque no llene los requisitos mínimos, como elecciones libres, alternancia, separación de poderes, respeto a los derechos humanos, a la vida y a la libertad.
“Sería una concepción de la democracia a la medida del déspota de turno y contraria a lo que establece la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001 y en vigor”, añaden.
Los principios sobre democracia y los derechos humanos y sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, de la Carta Democrática de la OEA reclaman la voluntad política de los gobiernos para su cabal implementación. Todos sabemos que han sido los propios gobiernos de rasgos autoritarios los que han insistido en teorías distópicas de reingeniería social y lucha de clases, ajenas a la convivencia, a la paz social y, por ende, al logro de la justicia y la educación como elemento para solucionar los problemas y no como una herramienta de propaganda y envenenamiento ideológico. Gritan al ladrón, al ladrón, mientras se guardan los lingotes de oro en los refajos.
En cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 o Pacto de San José – que Petro confunde con la Carta Democrática y pide reformarla – le aclaran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ejercido en su jurisprudencia una amplia tutela sobre los “nuevos derechos”. Y que están relacionados con los pueblos indígenas y tribales, la justicia transicional, los derechos de las mujeres, la igualdad y no discriminación, los derechos ambientales y el derecho a la salud, entre otros.
Sin embargo, sus decisiones y fallos no son acatados en los Estados del continente americano donde rigen autoritarismos, dictaduras o fakes de democracias. Son un ejemplo de esa desobediencia la indiferencia ante las resoluciones en defensa de los derechos indígenas tanto en la selva brasileña, como en la península de Yucatán con la destrucción a paso de ferrocarril del Tren Maya y los crímenes cometidos en el Arco Minero del Orinoco. Y son muchos más.
Los exjefes de Estado y de Gobierno alertan que si queda en manos de cada Estado la calificación de su propio régimen como democrático, se destruiría de raíz el patrimonio intelectual democrático de la región y los fundamentos del sistema interamericano.
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