El intento de PSOE y Unidas Podemos de asegurarse el control del Consejo General del Poder Judicial se va encontrando más de un escollo a su paso. No es solo un intento de «bloqueo de la derecha» representada por PP y Vox. Son los propios miembros del CGPJ, asociaciones de jueces y ahora, para remate, la mismísima Comisión Europea. La independencia y separación de los poderes, base de la democracia, tienen quien los defienda.
Bruselas ha dicho que observará «con atención» el desarrollo de la polémica reforma que los partidos de la coalición de Gobierno han propuesto para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. También advirtió que no debe comprometerse la independencia judicial ni dejar que el CGPJ sea percibido como «vulnerable a la politización». Más claro, imposible.
La reforma va, dice el Gobierno
Sin embargo, el Gobierno está dispuesto a llegar hasta el final. Quiere «sí o sí» renovar el CGPJ por mayoría absoluta en lugar de por tres quintas partes del Congreso. Su justificación es sortear el bloqueo del principal partido de la oposición para la elección de los miembros del Poder Judicial. Ni dar marcha atrás ni modificar la propuesta son opciones para el PSOE y Podemos.
Pedro Sánchez ha decidido hacer caso omiso de la advertencia de la Comisión Europea. Dijo que mantendrá el proyecto, a menos que el Partido Popular acepte negociar y pactar la renovación del Consejo. “Si el PP utiliza la ley para bloquear la Constitución, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de modificar la ley para que se cumpla la Constitución”, afirmó.
Pero está más que claro que la reforma, en los términos en los cuales está planteada, otorga una casi total discrecionalidad al partido (o partidos) de Gobierno, para decidir quiénes estarán a cargo de impartir justicia. Poderes independientes, que sirvan de contrapeso unos a otros, ya no será posible.
En la práctica, acabar con la separación de poderes atenta contra el Estado de derecho y contra la democracia. Ello supone un enorme peligro para los ciudadanos. Contar con una justicia «favorable» es uno de los pivotes de las dictaduras para mantenerse en el poder. Esto les permite atropellar los derechos fundamentales de la población. Desde Hitler en la Alemania nazi hasta Maduro en la Venezuela chavista, la Historia está llena de sistemas judiciales y tienen todo, menos justicia.
Bruselas en el foco
Hace solo unos días la Comisión Europea emitió su primer informe sobre la situación del Estado de derecho en la UE. España salía bastante bien parada. Sin embargo, había una mención especial al bloqueo de la renovación del CGPJ, por lo que se señaló la necesidad de renovarlo con urgencia.
En ese momento, Pedro Sánchez visitaba Bruselas para participar en un Consejo Europeo extraordinario con el resto de los líderes comunitarios. En una rueda de prensa informó que el Gobierno buscaría reformar el CGPJ para poder elegir a los vocales con mayoría absoluta, en vez de las tres quintas partes necesarias hasta ahora.
El informe de la Comisión Europea, que requería la renovación del CGPJ, ha sido el argumento esgrimido por Sánchez y sus aliados para lanzar esta reforma. Dicen que su objetivo es sortear el «bloqueo» de los partidos de oposición que impediría nombrar a las nuevas autoridades judiciales.
No obstante, Christian Wigand, portavoz comunitario de justicia, recordó que el informe sobre el Estado de derecho en España subrayaba la importancia de garantizar que el CGPJ «no fuera percibido como vulnerable a la politización».
El mismo texto cita las exigencias del Consejo de Europa. Señala que al menos la mitad de los miembros del CGPJ deberían ser escogidos directamente por sus pares.
Una preocupación creciente
Aunque en Bruselas no ha habido una declaración pública concreta, sí se ha mostrado mucha preocupación en privado, además de algunas posiciones aisladas. Se estaría poniendo en marcha un instrumento a fin de frenar este tipo de reformas que arriesgan la independencia judicial. En España se teme que esta propuesta haga que la Unión Europea corte la llegada de fondos europeos que tanto necesita el país.
Sin embargo, la portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Iratxe García, dijo que es «falso» que se esté cuestionando a España por esta reforma. Negó que haya alguna «amenaza» para los fondos de recuperación.
El líder del PP, Pablo Casado, denunció la reforma que busca “atacar la separación de poderes”, “la independencia judicial” y, “en definitiva, debilitar la democracia española”. Esto lo hizo en su visita a Bruselas con motivo de la cumbre del Partido Popular Europeo.
Los jueces de Europa se pronuncian
La Asociación Europea de Jueces también expresó su «gran preocupación» ante la reforma planteada por PSOE y Podemos. La tildan de «un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial».
Dicen en un comunicado que, «en lugar de aprovechar esta oportunidad legislativa para reformar el sistema de designación del CGPJ reforzando las garantías de independencia, volviendo al sistema anterior donde los jueces que formaban el órgano eran elegidos por sus iguales», esta propuesta «aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva».
La asociación también recordó la posición de la Comisión Europea cuando Polonia realizó una reforma similar en 2017. Entonces, la CE aseguró que ese cambio «contradecía las normas europeas». Comenzó entonces un proceso sancionador contra el país, que le amenazaba con suspender su derecho a voto.
Habla sector del CGPJ
Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial lanzaron una clara advertencia. Por medio de un escrito, pidieron la celebración de un pleno extraordinario en este órgano con el objetivo de tratar la reforma planteada por PSOE y Podemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar la mayoría parlamentaria necesaria a fin de renovar el CGPJ, que está en funciones desde diciembre de 2018.
En el documento piden expresamente que el presidente «convoque con carácter urgente un pleno extraordinario para que se examine la reforma de dicha ley orgánica planteada por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario Unidas Podemos». La solicitud va acompañada de una copia del texto de la proposición de ley orgánica que se presentó el pasado 13 de octubre de 2020 en el Congreso, así como un borrador de la declaración del pleno sobre dicha reforma.
Los vocales aseguran que la reforma es «contraria a la Constitución y a los estándares establecidos en el seno del Consejo de Europa y de la Unión Europea».
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