Gracias a una decisión de una fiscalía italiana, con el costo de la incautación, el pasado 21 de agosto el Open Arms pudo desembarcar a más de 80 migrantes en Lampedusa después de 21 días bloqueado frente a las costas del país. El pasado viernes, 365 migrantes rescatados por el Ocean Viking, bajo la tutela de Médicos Sin Fronteras, llegaron a Malta tras pasar 14 días en el mar. Este lunes, la nave nave Eleonore, de la ONG alemana Lifeline, con 104 personas a bordo desde hace ocho días, forzó el boqueo impuesto por el Ministro de Interior italiano, Matteo Salvini y entró en el puerto de Pozallo en Sicilia.
Nuestro apoyo #Eleonore que ha declarado estado de emergencia y entrará aguas italianas de #Pozzallo sin autorización, tras 8 días con 100 personas rescatadas a bordo sin un puerto seguro donde desembarcar. https://t.co/9S3DAolFVG
— Open Arms (@openarms_fund) September 2, 2019
Es una historia que se repite una y otra vez. Una ONG rescata a un grupo de migrantes frente a las costas Libias; Salvini, rechaza recibirlos y nuevamente se inicia una nueva discusión sobre cómo debe ser la distribución de estas personas, cuya mayoría escapan de escenarios de guerra y miseria. Y, finalmente, después de semanas, se encuentra una solución. Pero cada vez esta solución deja más descontentos. Y la pregunta es: ¿podrá Europa encontrar una manera eficaz para responder a estas situaciones?
Las reuniones informales de este jueves y viernes en Viena de los ministros de Defensa de los miembros de la UE dejaron claro que ahora mismo hay dos posturas enfrentadas en Europa respecto a la inmigración: la primera es endurecer la política migratoria y militarizar la frontera, impulsada por Italia, Austria y Hungría; mientras que la segunda, defendida por Francia, Alemania o España, que se trata más de proteger la frontera pero sin abandonar la solidaridad.
Menos flujo migratorio
Eso sí, los datos arrojan que el flujo migratorio, aunque lejos de acabar, ha disminuido. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en lo que va de año, casi 49.000 personas han llegado vía marítima a España, Italia, Chipre, Grecia y Malta, los cinco países más afectados. En el mes de julio, el total de llegadas, tanto por mar y tierra, fue de 11.587, menos que las 16.523 que se registraron en ese mismo mes el año pasado.
Por su parte, el balance mensual de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, indica que esta reducción ha ocurrido en todas las rutas del Mediterráneo, especialmente en la que lleva hacia Italia, casi en un 75%. Mientras que para España, se ha reducido en un 41% comparado con el mismo período hace un año. Pero las muertes no se han detenido. En lo que va de año, han muerto o desaparecido, aproximadamente 894 personas, según ACNUR.
Las ONGs en el punto de mira
En junio de 2018, el Aquarius, barco prestado a las ONGs SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF) pasó 10 días a la deriva porque Malta e Italia le cerraron sus puertos. Finalmente, España permitió el desembarco de 630 migrantes en Valencia. Poco después, Panamá, Gibraltar y Liberia le retiraron la bandera por lo que MSF consideró “una campaña” por parte del Gobierno italiano, que le abrió una investigación judicial por manejo de basuras a bordo.
Por ello, las organizaciones devolvieron el barco el 31 de diciembre y durante siete meses se dedicaron a buscar uno nuevo. El 21 de julio de este año anunciaron que el Ocean Viking sería su nuevo buque de rescate. Por supuesto, no han sido las únicas ONG en sufrir hostigamiento institucional. Por ejemplo, después del último incidente, el Open Arms estuvo incautado en Italia hasta el pasado 30 de agosto, cuando el juez Stefano Zammuto ordenó su devolución.
Sin embargo, además de enfrentarse a la justicia, el Open Arms fue víctima de las críticas de Carmen Calvo, que aseguró que el barco debía limitarse “estrictamente a sus certificaciones”, siendo estas el transporte de ayuda humanitaria y no el rescate. Asimismo, trascendió que el barco podría enfrentar multas de hasta 900 mil euros por incumplir esta cuestión.
Los Gobiernos europeos deben detener estos retrasos prolongados y las pequeñas negociaciones ad hoc, y establecer con urgencia un mecanismo de desembarco para las personas rescatadas en el mar. #Mediterraneo #OceanViking https://t.co/m1WCr5ahze
— Médicos Sin Fronteras (@MSF_Espana) August 24, 2019
Por supuesto, la organización se ampara bajo el principio del debido socorro en el mar, como establece el Derecho Internacional. Pero las declaraciones de la vicepresidenta levantaron tal polémica que tuvo que desdecirse el pasado jueves en el Congreso. Calvo defendió que nadie del Gobierno español haya dicho “que esté prohibido rescatar en ningún sitio” y afirmó que “ni una sola vez” ha dejado a un barco cercano o con bandera española “sin ofrecimiento de ayuda”.
El cambio de retórica y de gestión de este tipo de crisis desde el Aquarius hasta el Open Arms demuestra que mientras no se establezca una forma estándar de resolverlas, el debate político, con sus consecuencias, seguirá eclipsando lo más importante: la vida de los migrantes.
La reforma del sistema de asilo, un “pendiente”
Por su parte, las ONG consideran que son utilizadas como “chivo expiatorio” de políticos para explicar el fracaso de Unión Europea para solucionar la inmigración y la trata de personas. «La operación de lucha contra la trata de seres humanos en la UE no ha dado los resultados que buscaban. No ha disminuido el número de personas que intentan cruzar el mar, por lo que han tenido que encontrar a quien culpar y, obviamente, las ONG ahora están soportando la carga de este problema«, asegura Aurélie Ponthieu, consejera de Asuntos Humanitarios de MSF.
Entre esas medidas para acabar con la trata de personas, una de las más importantes es la Operación Sophia, que se lanzó en 2015, en plena crisis migratoria. Aunque su principal objetivo no era rescatar personas, su flota salvó hasta 45.000 personas durante estos años. Según la Comisión Europea, este despliegue redujo en un 80% las llegadas de Libia a Italia.
Pero en marzo de este año, retiraron los buques y ahora solo queda la vigilancia aérea, además del entrenamiento a guardacostas libios, debido a la presión que ha ejercido Salvini desde su llegada al poder. Esto dejó la labor de rescate únicamente en manos de la ONG y ya la Agencia de la ONU para los Refugiados, aseguró el pasado martes que era “necesario que se incremente la capacidad de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central”. También la ONU abogó por las organizaciones: “sus esfuerzos están salvando vidas y no deben ser estigmatizadas o criminalizadas por ello».
Además del (casi) final de la Operación Sophia, que expira este 31 de diciembre, la UE tampoco ha podido realizar una reforma del sistema de asilo: desde cambiar el sistema de cuotas para repartir a los solicitantes, crear puntos de acceso fuera de Europa para seleccionar las solicitudes o abrir centros de recepción en países miembros para aliviar la carga de los del sur, que son los más afectados por la inmigración. Y, mientras tanto, aumenta la crispación y las muertes.
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