Mª Teresa López de la Vieja, Universidad de Salamanca
A finales del mes de enero, varias agencias internacionales recogían la noticia: algunos responsables políticos y servidores públicos españoles se veían obligados a dimitir. Habían recibido la vacuna contra la COVID-19, aun sin formar parte de los grupos de mayor riesgo.
De las críticas y las reacciones que motivaron el cese del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, la dimisión del consejero –¡de salud!- en la Comunidad de Murcia o el cese por parte de la Generalitat Valenciana de la directora de Salud Pública se han hecho amplio eco los medios de comunicación nacionales y locales.
La expansión e impacto de la pandemia han puesto de manifiesto, una vez más, qué puede suceder cuando existe un importante desequilibrio entre los recursos disponibles y las necesidades de la población.
En tales situaciones, procede distribuir e incluso racionar bienes devenidos escasos, sean camas de UCI, respiradores o, como ahora, vacunas. ¿A quiénes deben llegar primero?
Los criterios tendrían que estar claros o, al menos, bien justificados. ¿Y cómo han de actuar quienes tienen responsabilidades públicas? No aceptar trato de favor ni ventaja injustificada son parte de las obligaciones del personal al servicio de la Administración, según el Real Decreto 5/2015 (art.53).
Vacunación: integridad, liderazgo y transparencia
La Estrategia de Vacunación COVID-19 en España, dada a conocer por el Ministerio de Sanidad, establece que en la primera etapa han de ser vacunados residentes y personal sanitario o sociosanitario de esos centros, profesionales de la salud en primera línea y grandes dependientes.
La conducta de quienes no respeten el orden de prioridades resulta más rechazable, si cabe, en los servidores públicos, ya que deben actuar conforme a los principios éticos, recogidos en la norma de 2015 (integridad y ejemplaridad, entre otros).
La transparencia es también clave para toda actividad pública. Lo es para la política sanitaria y la asignación de recursos en este ámbito.
En octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud señalaba dos aspectos a tener en cuenta en las estrategias nacionales de vacunación: decisiones basadas en evidencias y valores éticos.
Integridad, liderazgo y transparencia forman parte del marco ético.
- La integridad remite al cumplimiento de obligaciones, por encima de cualquier interés o influencia, creencias e ideología. Quienes tengan responsabilidades o actividad en el ámbito público habrán de guiarse por este principio.
- El liderazgo (o ejemplaridad) implica trabajar siempre al servicio de la ciudadanía y hacerlo, además, de forma ejemplar.
- La transparencia en las actuaciones significa que estas serán realizadas de manera fidedigna, motivada y pública. Junto con el acceso a la información pública, es eje fundamental de todas las actuaciones políticas, como establece la Ley 19/2013.
En este momento, ¿cuál es el objetivo? Asegurar la confianza en la eficacia y la seguridad de las vacunas, tal como se afirma en el documento sobre la Estrategia nacional contra la covid-19, dirigido a los profesionales de la salud.
No hay que dar por sentado, sin embargo, que se generalizará la confianza en los posibles beneficios de la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, con movimientos y sectores de la población que mantienen reticencias hacia el uso de vacunas. Es algo a considerar.
En suma, fortalecer un sistema de integridad y transparencia en el ámbito público será el modo de avanzar hacia el buen gobierno y una mayor confianza de la ciudadanía. Es uno de los principales argumentos empleados por varias organizaciones internacionales, como la OCDE, en favor de la ética pública .
Salud pública, ética pública
Al igual que se puede hacer valer la equidad, como principio básico para la correcta distribución de recursos sanitarios –la eficacia no es suficiente–, las decisiones sobre quiénes podrían beneficiarse (o no) de tales recursos tendrían que basarse en criterios éticos, no sólo en criterios técnicos. Será positivo para los profesionales que se enfrentan a dilemas morales complejos, también para la ciudadanía y su valoración de la política sanitaria.
Tener en cuenta el marco ético y trasladarlo a las prácticas es, sin duda, una estrategia a medio y largo plazo. Sus tiempos pueden ser considerados un inconveniente en situaciones de emergencia. Pero siempre tendrán mejores resultados que lo contrario: dejar que se extiendan las malas prácticas.
Por esa razón, sorprende que los cambios en la nueva ley educativa (LOMLOE) no vayan en esta dirección, con consecuencias desfavorables para la formación en ética.
En cuanto a los casos irregulares en la primera etapa de vacunación, lo sucedido indica que la prevención mejoraría el procedimiento. No se trata de esperar a que surjan problemas, mirando luego cómo sancionar a quienes se salten la lista establecida para cada etapa. El enfoque general tendría que ser diferente. La Ley General de Salud Pública es explicita: el sistema ha de estar orientado tanto a la promoción de la salud como a la prevención de la enfermedad.
La pandemia es un serio problema de salud pública –con graves consecuencias económicas y sociales–, por eso serán mayores los beneficios de los planes de prevención, con actuaciones dentro del marco ético. En conclusión: más ética pública para la salud pública.
Mª Teresa López de la Vieja, Catedrática Emérita de Filosofía Moral, Universidad de Salamanca
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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