La esterilización forzada de unas 15 mujeres en una residencia para ancianos discapacitados en Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia, está siendo investigada por los cuerpos policiales luego que los medios medios locales publicaron una entrevista con una de las mujeres que sufrió esterilización obligatoria.
El testimonio lo respaldó otra mujer y que indicó que los psiquiatras y demás personal del hospital donde se realizan las intervenciones quirúrgicas las amenazan con enviarlas a instituciones psiquiátricas si no daban su consentimiento por escrito.
Desafortunadamente, no todas han podido sobrevivir para denunciar las graves irregularidades que ocurren en Uktus. Una de las residentes murió luego de que la sometieron al procedimiento. Lo denunció su viudo en la televisión nacional.
La esterilización forzada no es nueva
Tatyana Merzlyakova, defensora de los derechos humanos, señaló que este método de esterilización es propio de la Edad de Piedra e, indudablemente, inaceptable. Las obligan a dar su consentimiento por escrito porque si no la esterilización sería ilegal, de acuerdo con la ley de Rusia.
Anna Bakthteyeva, una residente de Uktus, una de las víctimas, afirma que cuando planeaba casarse con su novio Vladimir, la obligaron a firmar papeles para consentir un aborto y esterilización al mismo tiempo.
El director de Uktus entre 2006 y 2016 afirmó que las quince mujeres que habían esterilizado dieron su consentimiento por escrito. Cuatro quedaron incapacitadas.
No es la primera vez que la esterilización forzada es noticia en Rusia. En el año 2005 seis pacientes de un centro psiquiátrico de Moscú acusaron a los médicos de esterilizarlos por la fuerza. Una medida que aplican por temor a que las mujeres tengan hijos con enfermedades mentales, una tradición soviética que siguen arrastrando.
Un problema que afecta a cientos de mujeres
Personal médico de distintas partes del mundo ha obligado o coaccionado a mujeres a someterse a procedimientos de esterilización permanentes e irreversibles. A pesar de la condena de la Organización de las Naciones Unidas, se siguen denunciando en todos los continentes.
Las mujeres de menos recursos, con discapacidades o estigmatizadas ,son las que tienen más probabilidades de ser consideradas «indignas» de la reproducción. Una situación en la que rara vez los responsables rinden cuentas ni las víctimas obtienen justicia.
Los cálculos indican que aproximadamente mil millones de personas que viven con discapacidad experimentan grandes desventajas sociales en todo el mundo, la esterilización forzada en instituciones es una.
Catalina Devandas, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, explica que como la discapacidad es más frecuente entre mujeres, son víctimas de la esterilización forzada de manera desproporcionada. Una modalidad de tortura presente en numerosos países.
La meta: ponerle fin a la esterilización forzada
La Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional de la Organizaciones de Salud y Derechos Humanos condenan la esterilización forzada. Es una forma de violencia que afecta gravemente la salud física y mental, además de una grave violación de los derechos humanos.
Al igual que cualquier otro procedimiento médico, la esterilización debe hacerse con un consentimiento voluntario y bien informado. Por ser irreversible y traer consecuencias tan disímiles es importante que sea un proceso suficientemente explicado al paciente.
Entre las sometidas a la esterilización forzada se encuentran mujeres con VIH, gitanas, mujeres indígenas, mujeres con problemas de salud mental o discapacidad intelectual, transexuales, drogadictas, entre muchos otros. Las organizaciones mundiales hacen un llamado para que los médicos y personal de salud insten a sus gobiernos a detener esta práctica inaceptable.
El consentimiento a la esterilización debe estar libre de incentivos materiales o sociales y no debe ser condición de otra atención médica, beneficios sociales, seguros o institucionales. Tampoco se debe amenazar al paciente para que dé su consentimiento.
El personal de salud es el primero que debe respetar tales valores y tiene la obligación de velar por el derecho a la autodeterminación y la obtención de un consentimiento debidamente firmado, respetando la dignidad, privacidad y autonomía del paciente.
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