Por Ilya U. Topper | Efe
21/07/2016
Los tres meses de estado de emergencia anunciados por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, son necesarios, aseguró, para «continuar la limpieza» de quienes considera responsables del fallido golpe de Estado del pasado viernes y purgar al país de «amenazas a la democracia».
«Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores», dijo Erdogan al anunciar la decisión, que otorga al Ejecutivo islamista amplios poderes.
El presidente invocó el artículo 120 de la Constitución turca, que permite gobernar mediante decretos-ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios.
Erdogan recordó que el golpe costó la vida a 240 personas (aparte de 24 soldados golpistas) y dejó más 1.500 heridos, y subrayó el papel de los ciudadanos a la hora de salir a la calle para frenar el golpe, una primicia en la historia deTurquía.
«Ha llegado un momento histórico para decir ‘basta'», dijo Erdogan tras recordar asonadas como la de 1960 y 1980.
El mandatario anunció el estado de emergencia después de presidir sendas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y del Consejo de Ministros. De hecho, Erdogan explicó que había sido el Consejo, dirigido por él, el que había propuesto al Ejecutivo la medida extraordinaria.
Poco después de comparecer ante las cámaras de televisión, Erdogan repitió su discurso en una alocución transmitida en directo a las pantallas gigantes instaladas en numerosas plazas del país, donde desde el fin de semana se congregan los seguidores del presidente ondeando banderas turcas.
El anuncio del estado de emergencia fue aclamado por gritos de «Dios es grande» y vítores a Erdogan, en un ambiente festivo pero también de venganza contra los golpistas.
En la plaza de Taksim de Estambul, en la que por primera vez en tres años se permiten manifestaciones, se ven estos días pancartas que piden restaurar la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004, e incluso un muñeco colgado de una horca en alusión a los golpistas.
El periodo de emergencia se aprovechará, según anunció el jefe de Estado, para neutralizar del todo a las redes de simpatizantes del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos, al que Ankara considera responsable del golpe.
Erdogan había precisado poco antes, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, que «detrás de Gülen se halla una mente superior» que habría planificado la asonada, aunque no aclaró a quién se refería.
El jefe de Estado reiteró que «es necesario continuar con la limpieza» en la Administración dado que «en este cuerpo ha hecho metástasis, cual virus de cáncer» la corriente de los golpistas.
La cofradía de Gülen actuó como fuerza de choque del partido AKP, fundado por Erdogan y en el Gobierno desde 2002, y desde la Policía y Judicatura infligió derrotas judiciales decisivas al poderoso estamento militar, enfrentado a la visión islamista del AKP.
Ahora, la situación se ha invertido y desde la mañana siguiente al golpe abortado, las purgas han llevado al arresto de 10.937 personas, según anunció Erdogan en Al Jazeera, además de motivar la suspensión de empleo de más de 55.000 funcionarios y docentes, todos bajo sospecha de simpatizar con la cofradía.
Desde el sábado han sido apartados de su cargo 2.843 jueces y fiscales, de los que 979 han sido arrestados, a lo que se añade la suspensión de 262 jueces militares y miles de funcionarios de todos los niveles de la Administración en numerosos Ministerios.
El Ministerio de Educación ha suspendido de empleo a 21.738 empleados, además de retirar la licencia a 21.683 docentes de la enseñanza privada y de cerrar a 626 instituciones educativas, la gran mayoría colegios privados.
Al mismo tiempo, el Consejo Superior de Educación ha forzado la dimisión de los decanos de todas las facultades del país, tanto de las universidades públicas como de las privadas y ha prohibido a todos los empleados universitarios que abandonen el país, ya sea por vacaciones, ya sea en el marco de una actividad académica internacional.
Además, los rectores deberán informar hasta el 5 de agosto por escrito de las eventuales simpatías por la cofradía gülenista que pudieran albergar los trabajadores de sus instituciones.
El ambiente de rechazo absoluto a los adversarios de Erdogan ha llegado hasta el punto de que el alcalde de Estambul, Kadir Topbas, anunció la creación de un cementerio especial para los golpistas muertos, en el que los visitantes «puedan maldecirlos» para que no «puedan descansar en paz».
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