Por Cambio16
01/08/2018
El nuevo gobierno socialista español quiere poner en marcha este año la maquinaria parlamentaria para desarrollar una ley de cambio climático, dijo Teresa Ribera, responsable del ramo al diario El País.
Para algunos expertos, es una normativa que consideran indispensable que para el país cumpla con sus compromisos medioambientales. «Remitiremos al Parlamento antes de final de año una ley cuyo primer borrador me gustaría dar a conocer antes del 1 de agosto», aseguró Ribera.
La cabeza del nuevo Ministerio de Transición Ecológica, que ha fusionado las competencias de energía, agua y medioambiente, considera fundamental “orientar las grandes decisiones de inversión”.
En la entrevista concedida al diario, la ministra cree poder lograr el consenso necesario para llevar a cabo el proyecto. A pesar de estar en un fragmentado arco parlamentario. Los socialistas, en el poder desde mayo tras la moción de censura al gobierno del PP, solo tienen una cuarta parte de los escaños.
Una ley esencial
Sin duda, las voces especializadas en el tema aseguran que es “esencial” que es España cuenta con una ley de cambio climático. Algo que ya sucede en países como Reino Unido y Francia, y que además ayudará a cumplir con los Acuerdos de París 2015.
«Está claro que necesitamos una ley (de cambio climático) porque si no, no vamos a cumplir los objetivos de la COP21, que pasan por cambiar el modelo productivo y el modelo energético», dijo a Reuters Lara Lázaro, experta en políticas medioambientales del Real Instituto Elcano.
«Si en Europa tenemos objetivos fuertes alineados con el Acuerdo de París, en España, venga quien venga en las siguientes elecciones, probablemente pondrá en marcha las medidas necesarias para cumplir los compromisos medioambientales», añadió.
La legislación climática en la UE
El 20 de junio, la Unión Europea acordó una nueva legislación climática. En ella se fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5 por ciento. Así como, un incremento del peso de las energías renovables al 32 por ciento en 2030, con la posibilidad de revisar estas metas sobre la marcha en 2023.
A partir de ahora los gobiernos nacionales deberán trazar sus propios planes para que el bloque pueda cumplir con uno de los principales objetivos de París: que en 2030 las emisiones contaminantes sean al menos un 40 por ciento inferiores a los niveles de 1990.
Ribera dijo a El País que el gobierno trabajará de forma paralela en la elaboración de un plan integrado de energía y clima que servirá para planificar las inversiones. Entre los desafíos del gobierno se encuentran el previsible cierre de las centrales térmicas de carbón y el futuro de las plantas nucleares más allá de los 40 años.
Ribera dijo que habría que «hacer números» antes de tomar una decisión sobre el parque nuclear español. Aunque el mismo representa el 7 por ciento de la potencia instalada, cubre el 21 por ciento de la demanda eléctrica. Pero, en los últimos tiempos algunas empresas del sector eléctrico como Iberdrola han puesto en duda su viabilidad económica.
Para el carbón el futuro es más incierto más allá de 2030 por la actual coyuntura regulatoria y social en Europa, dijo la ministra.
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