Por Cambio16
27/06/2018
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento de Puigdemont por su participación en el ‘procés‘ independentista en Cataluña. Asimismo, de los otros 24 investigados en esta causa, quienes ven también confirmadas las medidas cautelares que pesan sobre ellos. Principalmente, el tribunal ve claro el procesamiento de Puigdemont porque «cabe una rebelión sin armas» y hubo violencia sobre personas. Por ende, serán procesados por «alzamiento» y «uso torticero» del poder.
En el caso de los exmiembros del Govern, los «Jordis» -Cuixart y Sánchez, la número dos de ERC Marta Rovira y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a los que se procesó por rebelión, los magistrados consideran «suficientemente razonable» esta calificación de los hechos. Primeramente, porque existió «un alzamiento» con un uso «torticero» del poder. Con el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña al margen de la Ley.
El auto supone el paso previo a la aplicación automática por parte del instructor, Pablo Llarena del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Éste prevé la suspensión de cargo público de aquellos procesados en firme por rebelión contra los que pese orden de prisión.
Procesamiento de Puigdemont y de los investigados traerá suspensión de sus cargos
Por ello, en los próximos días el magistrado redactará un auto, que enviará al Parlament de Cataluña según fuentes del alto tribunal. En dicho escrito se acordará la suspensión como diputados de este órgano. Tanto de Puigdemont como de Oriol Junqueras. Asimismo, de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Toni Comín y el expresidente de la ANC Jordi Sánchez. Todos ellos actualmente mantienen su acta como diputados en el Parlament.
El auto también precisó la causa de la malversación que también se imputa a los que fueran exmiembros del Govern de Puigdemont. En específico, dice que hubo «un sistema de engaño». Éste ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal de 1-O. El auto de Llarena la cifraba en 2,9 millones de euros. Si bien los últimos informes policiales la elevan a 3,2 millones.
Asimismo, afirma que los indicios de criminalidad disponibles en este momento procesal permiten considerar que la calificación de un delito de rebelión imputado a 13 de los procesados es «suficientemente razonable» como para no descartarla de modo absoluto y juzgarles por este delito.
Los magistrados recuerdan que el auto de procesamiento lo que hace es formalizar la imputación. Asimismo, constatar la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho. La participación de las personas a quienes se procesa. Y la valoración provisional de la posible calificación de tales hechos como constitutivos de un delito. Todo sin que ello suponga que no puedan calificarse de otra forma.
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