Por Andrés Tovar
19/02/2018
El derecho ciudadano de la enseñanza del castellano en escuelas catalanas agita la manta política. Parece que el anuncio del Gobierno de iniciar acciones para garantizar que se cumpla la cuota de enseñanza en castellano en Cataluña no ha gustado a los partidos y grupos de opinión ligados al secesionismo. Y no ha gustado porque desvela su difuso entendimiento de «democracia». Tan difuso como su intención de «defender» el catalán. No por una cuestión cultural, sino como una bandera política. Como la representación de una ideología. Un «nacionalismo linguístico» con visos adoctrinantes -ampliamente denunciados- que nada tiene que ver con la «defensa del patrimonio» que acusan defender.
En primer lugar hay que dejar claro varios puntos. Primeramente, el anuncio realizado el viernes por el ministro Iñigo Méndez de Vigo no refiere a una imposición de la enseñanza del castellano en escuelas catalanas. En su acostumbrada rueda de prensa de viernes dejó claro que «cualquier especulación de cómo se va a hacer no tiene fundamentos. No es un cambio del modelo educativo porque eso solo puede hacerse con el cambio de la ley. Y el cambio de la ley solo lo puede hacer el parlamento”. Como también dejó claro que «dentro de la libertad es muy importante el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos”.
Castellano en escuelas catalanas: nuevamente la Ley
El tema remite indudablemente a la Ley. Primeramente a la Lomce de 2013, que establece un 25 por ciento de cuota de enseñanza del castellano en escuelas catalanas. Como también la sentencia dictada por el Constitucional en 2010 sobre el estatuto de autonomía. «Nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición vehicular en la enseñanza».
Pero el secesionismo ha estado acostumbrado a no acatar leyes desde mucho antes del desafío catalán. La Ley de Educación de Cataluña de 2009, aprobada bajo el mandato del tripartito, consagra al catalán como lengua vehicular en la escuela. Ésta ha servido de argumento para obviar la sentencia del Constitucional del 2010. Prueba de ello fue la anulación en 2012 de varios artículos del decreto sobre el segundo ciclo de la enseñanza infantil catalana por parte del Constitucional. La razón fue que la Generalitat debía reconocer el derecho de los alumnos a ser escolarizados en castellano. Ésto no se cumplió. Como tampoco se ha cumplido en su totalidad la cuota castellana que establece la Lomce.
Ahora, una simple propuesta que en realidad es permitir que los padres sean los que elijan en qué lengua quieren que se eduque a sus hijos levanta las molestias de los secesionistas. La propuesta del gobierno no es sólo garantizar la aplicación de lo que dicta la Ley. Es la aplicación de un derecho democrático que deben tener los ciudadanos. Derecho que el afán político secesionista parece no gustarle.
El castellano es catalán
La verdad sea dicha. Las iniciativas que permitan garantizar la equilibrada enseñanza del castellano en escuelas catalanas ha debido hacerse desde hace mucho tiempo. Más en específico, desde la aprobación de la autonómica Ley de Política Lingüística de 1998. Sus postulados reflejan una discriminación hacia los castellanohablantes. Pero las causas que desembocaron en el Pacto del Majestic optaron por no recurrirla en su momento.
Por ende, la iniciativa del Gobierno es necesaria (y posible dada la vigencia del 155). No sólo porque la Generalitat ha incumplido sistemáticamente todas las sentencias. Sino que además es un derecho ciudadano. La sociedad catalana es bilingue, como lo es en la calle, y la enseñanza del castellano en escuelas catalanas es un principio civiles marcados por el derecho y el Seny. Castellano y catalán deben verse cómo lo que son, patrimonios de España que deben compartirse. El debate apenas empieza…
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