Por Efe
12/04/2016
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España y Reino Unido ha sido puestos bajo la lupa de la opinión pública en el caso de los papeles de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos en todo el mundo y que ya han comenzado a influir en las normas fiscales de varios países, como Nueva Zelanda.
Las revelaciones publicadas por medios afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, sobre miles de empresas y activos opacos creados en numerosos países a través del bufete panameño Mossack Fonseca continúan generando reacciones.
Este lunes se pusieron de relieve los desacuerdos entre Panamá, que defiende que la evasión fiscal es un problema mundial, y organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que pide más transparencia y colaboración al país centroamericano para evitar la evasión de impuestos.
«A pesar de su nombre, los ‘papeles de Panamá‘ no se refieren principalmente a Panamá. Ni siquiera tratan principalmente de empresas de Panamá«, defiende el presidente panameño, Juan Carlos Varela, en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.
Desde el estallido del escándalo, el Gobierno panameño ha tratado de defender los «altos estándares de transparencia» de su sistema financiero frente a las fuertes críticas del exterior y la decisión de Francia de tomar la iniciativa y volver a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
No obstante, las filtraciones también han abierto interrogantes sobre otros países, como Nueva Zelanda, donde el Gobierno ha anunciado que revisará sus leyes de fideicomiso.
La vulnerabilidad del marco legal neozelandés ha permitido supuestamente que numerosas empresas vinculadas a las estructuras internacionales de evasión de impuestos anidaran en ese país y ahora las autoridades quieren revisar las reglas y ver si pueden mejorarlas.
Al paso de los posibles interrogantes sobre EEUU, una de las naciones menos mencionadas en las filtraciones, salió el secretario del Tesoro, Jack Lew, quien ha defendido que el sistema impositivo del país está «entre los mejores del mundo», aunque ha admitido también que hay «más trabajo» por hacer para «cerrar lagunas fiscales».
A pesar del debate de fondo, el impacto de la filtración se sigue sintiendo en Reino Unido, donde el primer ministro británico, David Cameron, ha comparecido ante la Cámara de los Comunes para disipar la controversia surgida a raíz de las filtraciones y su participación en un fondo de inversión en un paraíso fiscal.
Como respuesta, Cameron anunció que se elaborará una nueva ley para perseguir a bufetes y bancos que ayuden a sus clientes a cometer fraude fiscal y reveló además un acuerdo con prácticamente todas las dependencias de la Corona británica para compartir información fiscal con Londres, incluidas las islas Vírgenes, las islas Caimán y la isla de Man.
También en España, el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, aparece en los papeles de Panamá como administrador de una sociedad en Bahamas durante unos meses del año 1992, algo que él negó «tajantemente» y que ha causado un enorme revuelo político.
Las reacciones no se han hecho esperar por parte de diversos partidos políticos de la oposición, que han pedido responsabilidades e incluso la dimisión del ministro.
En los próximos días se seguirán generando reacciones a los papeles de Panamá de influyentes instituciones y poderosos grupos de países, como el G20 (países desarrollados y emergentes), que se darán cita esta semana en Washington coincidiendo con la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha anunciado hace unos días que tiene intención de pedir la cooperación de los socios del G20 para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, según han informado los diarios «Handelsblatt» y «Die Welt».
Este domingo se ha cumplido una semana de la masiva filtración que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta y que ya ha provocado dimisiones como la del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson.
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