Por Cambio16
22/02/2017
Los Gobiernos de España y Portugal, con la mediación de la Comisión Europea, han alcanzado un acuerdo «amistoso» sobre el plan de construir un almacén de residuos nucleares en Almaraz (Cáceres), cerca de la frontera con el territorio luso.
Según informó el Ejecutivo comunitario, dicho acuerdo «compromete a España y Portugal en un proceso de consulta y diálogo constructivos que resuelva la controversia planteada por la construcción de un almacén de residuos nucleares en la central nuclear de Almaraz«.
Como consecuencia de este acuerdo, Portugal se compromete a retirar la denuncia que interpuso contra España el 16 de enero de 2017.
La principal queja de Lisboa era que, a su modo de ver, Madrid pretendía llevar a cabo la construcción de este cementerio nuclear sin evaluar los daños trasfronterizos y sin realizar suficientes estudios de impacto medioambiental.
El acuerdo alcanzado obliga a España a compartir con Portugal «toda la información pertinente en materia medioambiental y de seguridad natural» con vistas a «garantizar que el proyecto no tenga repercusiones significativas en territorio portugués». Además, el acuerdo establece que España deberá organizar con la mayor premura posible una visita de las autoridades portuguesas a Almaraz y mantener diversas reuniones aclaratorias con representantes de la Comisión Europea.
Finalmente, España se compromete a no ejecutar la autorización de las operaciones en el almacén nuclear hasta que las autoridades lusas hayan examinado toda la información disponible.
Estos acuerdos, según la información ofrecida por la Comisión Europea, se empezaron a fraguar el 3 de febrero en Malta tras una reunión entre los presidentes de los Gobiernos de España y Portugal a petición de Jean-Claude Juncker, jefe del Ejecutivo comunitario.
El pacto alcanzado entre los países ibéricos también les obliga a acelerar, conjuntamente con la Comisión Europea, los trabajos sobre interconexiones con objeto de desarrollar redes de gas y electricidad entre España y Portugal.
Según la Comisión Europea, esto «servirá para incrementar la seguridad de suministro de energía en Europa» y «reducir las pérdidas de productividad en los sectores comercial e industrial» gracias a una mejora en la calidad del servicio.
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