Al escritor y periodista Álex Grijelmo le llamó mucho la atención que la pregunta de la encuesta del CIS que levantó la polvareda el 15, de abril pasado, estuviera mal redactada y fuese manipuladora. Grijelmo, que es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, fundador de la Fundeu y responsable de la redacción del Manual de estilo del diario El País, no tendría que asombrarse. Fue precisamente la reincidencia en el mal uso del español la razón de ser de muchos de sus escritos, consejos, señalamientos, advertencias y regaños. Ahí está la Fundación del Español Urgente que consultan periodistas de todo el mundo para resolver dudas gramaticales y de uso que poco responde la Real Academia de la Lengua.
Está muy bien que Grijelmo se queje de la manipulación implícita cuando frente a la propagación de bulos, coñas y demás fake news se propone como alternativa que el Estado sea la única fuente y medio de información.
A mí no me extraña la pésima redacción ni la intención de los gobernantes de restringir qué se informa, cómo se informa y quién lo informa. A pesar de que España es firmante de la directiva de la Unión Europea que obliga a los Estados miembros a utilizar un lenguaje y una redacción comprensible, clara, en los documentos oficiales, los españoles saben lo difícil que es entender un documento oficial o una simple instrucción burocrática. Entre setecientas palabras de uso corriente y fácilmente comprensibles, el burócrata escoge la única que solo aparece en algún diccionario especializado y, además, emplea el tiempo y el modo verbal que menos corresponde.
Reflexiones y la respuesta de Tezanos
Ante la queja de Grijelmo y de los gremios de periodistas y editores, que calificaron la pregunta del CIS de “tramposa» y «engañosa”, el presidente del instituto demoscópico, José Félix Tezanos, respondió que su redacción “no condicionaba” las respuestas, aunque reconoce que su formulación “es larga” y “podría ser más simple”. Además, rechazó que estuviese mal formulada: “Cuando una pregunta está mal formulada la mayoría no responde y solo fue el caso del 0,5%. La pregunta no puede estar mal si el 99,5% la responde”.
En los resultados de la encuesta debe comenzar la verdadera preocupación de los demócratas españoles. El 66,7% de los ciudadanos-súbditos entrevistados por teléfono se mostró partidario de restringir y controlar las informaciones mediante el establecimiento de una sola fuente, la oficial. Solo 30,8% rechazó que se restrinja o se prohíba el libre flujo de la información. El 2% tuvo dudas y el 0,5% no contestó, una opción que tampoco favorece la democracia.
Casi dos tercios de los participantes no solo no rechazaron una pregunta sesgada y manipulada, sino que tampoco defendieron uno de los principales elementos de la democracia: la libertad de expresión, el libre debate de las ideas, el derecho del ciudadano de estar debidamente informado de los asuntos que afectan a la nación como totalidad y a cada uno de sus miembros.
Ante la presunta inseguridad que le pueden ocasionar los bulos o coñas, fuesen por broma o con la intención de generar malestar social o inestabilidad, la respuesta de un demócrata nunca puede ser el establecimiento de la censura y dejar en manos del Estado la tarea de informar, que es como permitir que se adueñe de la verdad.
Si la ciudadanía escoge las opciones menos edificantes y presentables no se debe asumir con la frase mentirosa de que el pueblo nunca se equivoca. Sí se equivoca y mucho, con gravísimas y duraderas consecuencias. Le ocurrió a Alemania que escogió a Hitler, a Italia con Mussolini, a Venezuela con Chávez y a la Inglaterra que prefirió el Brexit, por nombrar los casos de más bulto.
Libertad de expresión y de pensamiento
Las democracias deben procurar su fortalecimiento, que no se logra –como pregona el populismo de izquierda y de derecha– con la movilización popular permanente, sino con una ciudadanía dispuesta a defender sus derechos y sus obligaciones. Si apenas el 34% de los consultados se niega a sacrificar la libertad expresión y el libre flujo informativo a cambio de la sensación de seguridad que le daría “la información oficial”, hay mucha ciudadanía que construir, mucho pueblo que educar, como repetía el poeta Antonio Machado.
La experiencia enseña que quienes en la oposición se erigen como los más grandes defensores de la libertad de expresión, cuando llegan al gobierno son sus más grandes enemigos. Conocen cuánta fortaleza da deshacer mentiras y exponer manipulaciones.
La democracia debe ser fortalecida, pero no como ejercicio nominativo, de simple cambio de nombre –democracia participativa y protágonica, democracia verdadera, democracia directa o democracia de verdad–, sino con instituciones que cumplan sus funciones de control, sea el Parlamento, los tribunales, los medios de comunicación o la abstracción que se llama opinión pública, que es cuando se permite el libre debate de ideas, sin respingos ni composiciones de lugar.
El Estado, por su naturaleza, pretende controlarlo todo, sea público o privado, y nunca está totalmente satisfecho. La ciudadanía, en quien reside la soberanía, para que pueda prevalecer la libertad, no debe aceptar que le menoscaben los derechos ni les restrinjan las libertades para “reducir” el estrés social o presuntos riesgos objetivos. La libertad de información y la libertad de pensamiento son parte fundamental de la democracia, la fortalecen y vitalizan, no la mediatizan ni debilitan, mucho menos la destruyen. La verdadera demolición ocurre cuando no hay libertad de expresión ni libre flujo informativo.
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