España pretende prohibir la venta a partir de 2040 de cualquier turismo o furgoneta de combustión, es decir, propulsados por diésel, gasolina, híbridos o gas natural. Solo se podrán matricular vehículos eléctricos, movidos por hidrógeno o por cualquier tecnología que no emita dióxido de carbono.
La meta es que estos modelos eléctricos sean los únicos que circulen por las carreteras españolas en 2050. Así lo contempla el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que el Gobierno ha enviado a los partidos políticos para abrir un proceso en el que consultará a las comunidades autónomas y los diferentes grupos parlamentarios. El objetivo es que el documento llegue al Congreso a finales de 2018. La nueva norma tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento de España del Acuerdo de París contra el cambio climático.
Avances anunciados
Comunidades como Baleares ya anunciaron la prohibición del acceso de vehículos diésel a partir de 2025. En 2035 vetará los gasolina. A partir de la aprobación de la ley, “quedará prohibido el establecimiento de nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles”. Es decir, no habrá ayudas para ninguno de los vehículos mencionados. Ni diésel, ni gasolina. Tampoco híbridos o movidos por gas. Solo a los 100% eléctricos (o tecnologías como pila de hidrógeno).
Con este mismo fin, “se realizará un informe sobre el régimen fiscal que está siendo aplicado a los combustibles fósiles”, en busca de localizar las ayudas y medidas para revisarlas, “en línea con los objetivos de descarbonización”.
Los autores del documento señalan que el objetivo es “cumplir con el Acuerdo de París, para acelerar la plena descarbonización de la economía” en 2050, cuando se implantaría “un modelo de desarrollo perdurable que genere empleo estable y de calidad”.
En el texto también se recoge la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con “zonas de bajas emisiones” antes del año 2023. Un ejemplo es Madrid Central, que entra en vigor el próximo 30 de noviembre, y que restringirá el acceso a todos los vehículos que no cuenten con el distintivo medioambiental de la DGT.
Con el ambiente como meta
El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990. La previsión es que en la tercera década del siglo las emisiones sean en España de 230 millones de toneladas de CO2 frente a las 339 actuales.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica defienden que la propuesta es similar a la de otros países como Reino Unido, que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 no podrán circular. Francia dejará de vender vehículos de combustión en 2040. Dinamarca, Alemania, Holanda e Irlanda se han puesto un plazo más prematuro: 2030. Pero son los países escandinavos los que van un paso por delante en estas medidas: en Noruega la cuota de eléctricos supera el 30% y 2025 es la fecha de caducidad impuesta para los vehículos de combustión.
Incrementar los puntos de recarga eléctrica
Otra de las propuestas que recoge el texto es la obligación de que todas las gasolineras tengan puntos de recarga eléctrica. Sin embargo, los plazos de implantación están en el aire y dependerán del mercado. Las ventas de 100% eléctricos puros son aún residuales en España. Hasta octubre se vendieron 11.610 unidades de un mercado total de 1,13 millones de coches. Actualmente, en España existen cerca de 400 electrolineras. Empresas como Endesa o Iberdrola han anunciado planes para la expansión de este tipo de infraestructuras.
En relación a los vehículos pesados, la ley prevé la fijación de la Euroviñeta, relativa a los gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por el uso de determinadas infraestructuras. Además, a partir de la aprobación del texto, se terminarán las ayudas a los automóviles de combustión.
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