Por Cambio16
06/11/2017
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de hasta seis años de prisión por un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España, que vivía de la mendicidad, por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.
El hecho se trata de la primera condena en España por el delito de tráfico de órganos. En la sentencia, dada a conocer este lunes, el Supremo destaca que el delito de tráfico de órganos, que fue introducido en el año 2010, «no trata solo de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá; destinado a proteger la integridad física, desde luego, pero también las condiciones de dignidad de las personas».
Los hechos recogidos en la sentencia recurrida al Supremo relatan que uno de los condenados padecía una enfermedad renal y que, después de someterse a sesiones de diálisis, se le preparó para un trasplante de riñón.
Se le informó de la regulación existente y su expediente fue remitido al hospital de Bellvitge de Barcelona pero, como no tenía tarjeta sanitaria, se hacía pasar por su hermano, también condenado, cada vez que iba al médico.
Los dos hermanos y su padre planearon aligerar el tiempo para el trasplante renal buscando a un donante compatible con el enfermo para que, a cambio de una cantidad de dinero, se presentara ante los médicos como un amigo de la familia para someterse al trasplante de riñón contraviniendo los requisitos legales, que exigen que el donante preste su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.
Arrepentido
El donante era un ciudadano marroquí, en situación irregular en España, con problemas para expresarse en español, que pedía limosna y vivía en una casa ocupada por personas sin techo en L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona. Aceptó someterse al trasplante de uno de sus riñones a cambio de 6000 euros y acudió al hospital donde se comprobó que era compatible con el enfermo.
Después le llevaron a la notaría para firmar una escritura pública en la que manifestaba que era amigo de Toni y la autorización para el trasplante, que iba a realizar de forma gratuita y por amistad. Sin embargo, el donante se arrepintió y se negó a firmar en la Notaría. Después, los miembros del clan fueron a buscarle a la vivienda y, además de insultarle, le golpearon por su negativa al trasplante, causándole lesiones.
Así, la sentencia rechaza la situación de necesidad alegada por el condenado enfermo en uno de los motivos de su recurso. Sobre este particular, afirma que fue el sistema de salud pública el que planteó el «remedio» a su enfermedad con el trasplante.