Por Andrés Revert
22/6/2017
Analista de XTB
Hasta el momento, la superficial estructuración de los programas energéticos españoles han obligado a compensar con subvenciones el coste de las decisiones precipitadas. Se ha debatido extensamente sobre la utilidad de una subvención y por lo general se ha coincidido en el sinsentido de emitirla como parche y no como parte de un plan estructural.
Proyectos como el plan “Movea” para la promoción del vehículo eléctrico, son un ejemplo de que la aprobación de estos se condiciona a la subvención concedida de forma particular, en lugar de a partidas presupuestarias ideadas para el desarrollo del sector. A nivel presupuestario la eficacia se justifica con la aplicación de la correspondiente partida en un tiempo reducido, pero España queda por detrás de países del centro y norte de Europa, a la hora de cosechar resultados. Que este tipo de planes lleguen a buen puerto depende, entre otros aspectos, del ámbito de aplicación, pues han de ser integrales y pender de la administración general en lugar de ser competencia local. En nuestro país, la iniciativa Movea, por ejemplo, depende de un fondo de subvención puntual y no de una regulación extrapolable que permita generar retornos para amortizar la inversión, mediante por ejemplo cambios fiscales. Para el resto de planes las carencias son similares.
En otros países, los planes energéticos implican no sólo a suministradores, sino también a sectores industriales y logísticos, con alto impacto en el consumo total. La planificación integral del consumo y el ahorro energético, supondría por ejemplo optimizar la participación del sector constructor a fin de reducir el consumo energético mediante un aislamiento térmico más eficiente. Sería recomendable por tanto dar más peso a las políticas urbanísticas de construcción y rehabilitación, así como a la sensibilización climática, entre otras medidas más o menos tangibles. Este sería el modo de integrar a diversos niveles el plan de actuación.
Por otro lado, habrían de gestionarse más eficientemente las subastas de potencia renovable, a fin de realizar un reparto razonable y proporcional de forma paralela entre las distintas clases de generación energética, en lugar de acometer repartos por turnos de forma similar a los planes quinquenales chinos. Para ilustrarlo con hechos recientes, observamos que en la última subasta, el total de 3.000 megavatios ofertados fueron acaparados al completo por productores eólicos, dejando fuera del reparto a la fotovoltaica. Básicamente existe una mayor preocupación por continuar la subvención a esta industria y asignar la potencia en consecuencia, que por realizar el reparto en función del coste de producción y la adecuación al ciclo de demanda y coste de gestión del mismo, así como a la diversificación de la cuota de mercado por industria y productor.
El auténtico escenario en España es el siguiente: penalizamos el autoconsumo renovable en lugar de premiarlo; planteamos elevar el techo de potencia subastada, en lugar de realizar un estudio ajustado, considerando que hay instalaciones fotovoltaicas que producen megavatios tan competitivos como cualquier eólica media, pese a tener un menor número de horas de funcionamiento; en definitiva, la eficiencia energética está en segundo plano.
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