Por Juan E. Ballesteros
23/3/2017
España necesita invertir 5.000 millones de euros en depuración de aguas para evitar las sanciones de Bruselas por incumplimiento de las directivas europeas, además de modernizar las infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, depuración y saneamientos e implementar la gestión de las cuencas ante las consecuencias derivadas del cambio climático, con la acción devastadora de un clima extremo que va desde la sequía pertinaz a las lluvias torrenciales, generando graves desequilibrios en el ecosistema con desbordamientos e inundaciones.
Las 11 principales ingenierías españolas, que prestan servicio a las administraciones y hacen frente a estas necesidades desde los servicios municipales de mantenimiento de redes y abastecimiento, han reclamado atención urgente a estos problemas desde el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), celebrado hoy en Madrid con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Agua, cuyos actos tuvieron lugar ayer.
Para las empresas que gestionan el ciclo del agua, la inversión pública en España se ha centrado en las últimas tres décadas en el desarrollo de las vías de comunicación y del transporte, con financiación de proyectos en carreteras y autopistas y la extensión de la línea del AVE, olvidando las infraestructuras que tienen que ver con el saneamiento y la depuración del agua, que precisan al menos de 200 actuaciones urgentes en poblaciones que no cumplen con la normativa europea vigente y que podrían ser sancionadas por este motivo.
La parálisis en la inversión pública derivada de la crisis económica provocó un recorte en infraestructuras equivalente al 2% del PIB, lo que impidió que se culminase el Plan de Calidad de la Aguas 2007-2015, aprobado por el Gobierno. Ahora, con la recuperación, se retoman estos proyectos y se acelera su ejecución ante las graves deficiencias que presentan municipios como Madrid, que acaba de convocar el concurso para poner al día un sistema que data de los años 70 y que no cumple con los preceptos actuales de calidad de la Unión Europea, o otros situados en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que desde el pasado año aceleran sus procesos de licitación para paliar esta situación deficitaria.
España ocupa en la actualidad el puesto 26 de entre los 28 miembros de la Unión Europea en inversión pública en depuración y saneamiento, con una inversión media de 6 euros por habitante, que debería al menos duplicarse para corregir los desequilibrios y cumplir con la normativa comunitaria en materia de calidad de aguas.
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