Amnistía Internacional pone el dedo en un drama humano que arrastra la sociedad española por más de cincuenta años. Las desapariciones forzadas, el robo de bebés, la apropiación y sustitución de identidad de niños y niñas en España. Dolor, impotencia, tristeza infinita y vidas consumidas en la búsqueda, muchas veces infructuosa, de sus familiares.
La ONG señala a España por su incompetencia para dar respuestas a sus ciudadanos sumidos en esta terrible situación. Además, por vulnerar el derecho a la protección de la vida familiar, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas.
Son muchas las historias. Miles de personas aún cargan el peso de lo incierto y lo desconocido. Deambulan por los días sin la certeza de quienes son y dónde están sus padres, o sus hijos.
Dice la organización defensora de los derechos humanos en su más reciente informe que esta terrible realidad se remonta a los años finales de la Guerra Civil hasta los noventa. Coloca a la dictadura y parte de la democracia en la misma balanza. “Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales. También en maternidades, casas cuna, centros de beneficencia. En algunos casos gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión del Estado”.
La organización asegura “haber constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile y registrados como hijos e hijas biológicos. El régimen franquista puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad. Impuso la creación de leyes, algunas vigentes por demasiado tiempo que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés”.
Desapariciones forzosas en España
La investigación de Amnistía Internacional se ha llevado a cabo en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y el País Vasco. Por concentrar más del 80% de las diligencias de investigación emprendidas por las Fiscalía General del Estado desde 2011.
Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de ocultamiento forzado, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos, apunta AI. Estos casos no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas en España. Y se les garantice la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.
Sin embargo, se indica que los procesos de búsqueda continúan encontrando obstáculos, y resultan, en su mayoría, inútiles. Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuenta con los medios suficientes. No hacen acompañamiento a las víctimas y no proporcionan apoyo psicológico, ni orientación jurídica.
«Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber proporcionado certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Desde 2011 hasta enero de 2021, se emprendieron 2.138 diligencias. De estas solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece abierta”, dijo Daniel Canales.
El investigador añadió que del total de estas diligencias, 526 llegaron a ser judicializadas. Sin embargo, múltiples juzgados aplicaron la prescripción de los hechos, negando el carácter continuo de la desaparición forzada en España. Y cerrando los casos sin una mínima actividad de investigación para esclarecer los hechos.
Asimismo, advierte que los procesos de búsqueda sigue recayendo en las propias familias y las personas que buscan su identidad, se encuentran con que ni el Estado ni la Iglesia les facilitan el acceso a información relevante. La Iglesia archiva documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopción de 1987.
Indefensión de la mujer: casos sensibles y desgarradores
Durante la investigación, Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos desgarradores de robos de bebés y desapariciones forzosas en España.
Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos e hijas eran de origen humilde y jóvenes. Incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos.
Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba a la madre de la muerte de su bebé. Casi siempre no lo podía ver, y el hospital se encargaba del entierro. En los procesos de búsqueda se une la falta de información o la documentación errónea o falsa con un acompañamiento inexistente o escaso de las autoridades.
Amnistía Internacional ha pulsado el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad. Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, como han señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.
«En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Parlamento apruebe una ley sobre bebés robados y desapariciones forzosas en España”, dijo Esteban Beltrán.
El director de AI España estima necesario un marco legal a la búsqueda e identificación de niños y niñas. Y que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial, para las víctimas. Además, que se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres.
Igualmente que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos.
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