Impedirá que se encubran datos, proyectos o prácticas contrarios al medioambiente y a las personas
En España se ha ido construyendo una armadura legal dirigida a motivar la sostenibilidad de las empresas en toda su cadena de valor. En el intento por alcanzar esa meta, que sin dudas beneficiará a personas y medio ambiente, urge revisar qué tan sólidas son las leyes, que impidan a algunas compañías encubrir datos, proyectos o prácticas. ¿Está España preparada para enfrentar el ‘greenwashing’ o lavado verde?
Según el Atlas de la sostenibilidad de Morningstar, España está entre los diez mejores países del mundo en materia ESG; factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo o gobernanza que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Si bien queda mucho camino por recorrer, resultan destacables los avances normativos que se están produciendo en materia de sostenibilidad y transición ecológica.
Álex Cortés, experto en políticas públicas, análisis e impacto regulatorio en un artículo para Agenda Pública analiza el alcance y las limitaciones de leyes autorizadas y en discusión que abordan la sostenibilidad de las empresas en España. Hace mención al proyecto de Ley de Consumo Sostenible –aún en proceso de elaboración- que regula, entre otras cuestiones, el greenwashing o ecopostureo.
Conforme avanzan las leyes y la conciencia pública por preservar el planeta del cambio climático, compañías grandes y pequeñas quieren burlar esas normas e incurren en el lavado verde. Despliegan anuncios publicitarios por medios y redes, en marquesinas de transporte o con la firma de convenios y compromisos para respetar el medio ambiente que no tienen valor jurídico.
La sostenibilidad llega a las empresas en España
En España el ecopostureo trascendió de forma masiva cuando en mayo, dos empresas del Ibex 35 se acusaron mutuamente de estas prácticas, recuerda Cortés. El primer veredicto fue emitido por Autocontrol, la asociación creada por las empresas del sector publicitario para autorregular las prácticas de publicidad engañosa. Y dio la razón a una de estas compañías que denunció el greenwashing por irregularidades como por «estrategias de mercadotecnia dirigida a exagerar. Odirectamente falsear el compromiso de una empresa con la sostenibilidad».
En el país existen varias normas que abordan el ecopostureo de forma tangencial, como es el caso de la ya citada Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Sin embargo,advierte, España carece de un marco regulatorio específico para el ámbito del greenwashing. En el primer trimestre del año, el Ministerio de Consumo inició una consulta pública previa para la elaboración de un nuevo Proyecto de Ley de Consumo Sostenible.
La propuesta pretende crear un marco regulatorio en el que cada vez será más difícil que las empresas se denominen sostenibles sin acreditarlo públicamente. Los ecologistas europeos y españoles han pedido una regulación más estricta sobre el asunto.
Además de este caso específico, en España se adelantan textos legales para promover e inducir a las empresas a la sostenibilidad. Están las aprobadas en octubre por el Consejo de Ministros. Por un lado, el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad. Y por el otro, el anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa, que trasponen diferentes directivas del Parlamento Europeo.
Alinean las normas europeas
Estos dos proyectos tienen por objetivo mejorar el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de información corporativa para las empresas, dice el experto
Explica que el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad es la propuesta normativa más avanzada. El Consejo de Ministros lo remitió al Congreso de los Diputados y actualmente está en plazo de enmiendas para su posterior debate en Comisión de Justicia. Con una aplicación prevista a partir del 1 de enero de 2025, esta norma sustituye a la anterior Directiva de Información No Financiera (NFRD), traspuesta en España en la ley 11/2018. Ampliando así el alcance y los requisitos de reporte de sostenibilidad.
La nueva ley obligará a que las empresas en España elaboren un informe de sostenibilidad que incluya información relativa al impacto que generan sobre cuestiones corporativas. Así como información necesaria para comprender cómo afectan factores medioambientales, sociales o los relativos a derechos humanos en la evolución de los resultados.
Es un nuevo impulso legislativo con normas más exigentes ya que las empresas españolas no se pueden quedar atrás. La sociedad las demanda. Las compañías y organizaciones empresariales tienen que responder a las exigencias en sostenibilidad nacionales, de la UE y del mundo que avanza en esa dirección.
Con esta actualización, los informes permitirán comparar la información de las empresas a nivel europeo. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se encargará de la supervisión de la información sobre sostenibilidad. La norma será aplicable a todas las grandes empresas y a las pymes cotizadas cuando su activo supere los 25 millones de euros y el importe neto de la cifra de negocios supere los 50 millones de euros.
Alianza pública y privada
En cuanto al anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas, a efectos de información corporativa, está pendiente su aprobación definitiva como proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. Tendrá por objetivo, señala Álex Cortés, la trasposición de una directiva europea. Su finalidad es conseguir una incidencia económica positiva a través de la reducción de las cargas administrativas de las empresas.
En paralelo, después de un trámite legislativo complejo de más de dos años, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Publicada en el DOUE el pasado 5 de julio. Los sujetos obligados de la misma serán las empresas con más de 1.000 empleados. Y cuyo volumen de negocios supere los 450 millones de euros. Su aplicación será paulatina en función de sus características y actividades.
Esta directiva, pendiente de trasposición en España, impondrá a las empresas obligaciones relativas al respeto de los derechos humanos y al medioambiente a lo largo de su proceso productivo. Si se detecta un incumplimiento, las compañías tendrán que adoptar varias medidas. Dirigidas a prevenir, mitigar y eliminar los efectos adversos derivados de sus propias actividades. También las de sus filiales y las de sus socios comerciales. Y, en caso de que una compañía fuera considerada responsable de los daños causados, tendrá que indemnizar íntegramente a las víctimas.
Cree el experto que se está ante un importante proceso regulatorio, europeo y nacional, que impacta directamente en muchas empresas españolas. No obstante, la transformación sostenible que persigue el regulador solo será posible y efectiva con la colaboración de los sectores público y privado.
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